Causas y fotografías de la masacre de indígenas en Bagua, Amazonia del Perú, a manos de la policía peruana

Uno de los pasatiempos favoritos de los ejércitos militares y de policía de los países suramericanos es asesinar indígenas. O mejor, asesinar civiles desarmados. Los militares y policías suramericanos son muy valientes frente a campesinos, sindicalistas, trabajadores públicos y privados, profesionales, líderes sociales, indígenas, representantes políticos de izquierda, de centro y de derecha que se oponen a sus intereses, estudiantes, periodistas, activistas y toda clase de representantes de la sociedad civil que está contra el mandato de las armas y a los privilegios que desde siempre han detentado los asesinos del estado, al servicio de las élites gobernantes, llamados "militares, policías y organismos de seguridad".

Militares, policías y agentes del estado que son valientes para asesinar y desaparecer civiles desarmados, y muchas veces inocentes, PERO SON UNOS COBARDES cuando deben enfrentarse a los grandes grupos criminales, con los cuales muchas veces terminan de aliados, o al enfrentarse a los ejércitos de las potencias que llegan a ocupar y a defender los intereses de sus multinacionales, como ocurrió en la guerra de Las Malvinas. Bueno, en éste punto en realidad hay que matizar: una cosa son los oficiales y suboficiales, que dan las órdenes, y otra los soldados que las obedecen. En la mayoría de los casos los oficiales y suboficiales son grandes cobardes con una pistola en la mano, con la cual dictan la ley de muerte a quien se les antoja, y los soldados son simples verdugos, enajenados muchas veces, adoctrinados en la práctica de disparar y asesinar, con la falacia de que eso es defender la ley y esa mierda que denominan "patria". Militares, policías y agentes del estado de los países suramericanos, grandes cobardes que se dedican a defender los intereses de las empresas extranjeras y de las élites terratenientes, industriales, financieras, mediocres, corruptas y decadentes de sus respectivos países.

En Colombia, además, los indígenas son asesinados no sólo por los agentes del estado, sino por los criminales que engrosan las filas de las guerrillas, que simplemente son la imagen gemela, pero clandestina, de los militares. Guerrillas hijueputas que imponen su mentira ideológica y con ella se toman el derecho de asesinar a los indígenas que se niegan a capitular ante su farsa. Para que no baste, a esto hay que sumar a los paramilitares, brazo macabro de los militares y policías colombianos, que emplean la sevicia y la barbarie para aniquilar a quienes son el vínculo con nuestra raíz primigenia: nuestros ancestros indígenas.

Para que el olvido no cubra el crimen que ha sucedido recientemente en la Amazonía peruana, y para evitar que el bello país del Perú termine colombianizado, a continuación se reproduce una crónica donde se explican las causas del conflicto que ha estallado en Bagua, al norte del Perú. Las causas del conflicto se resumen en unas cuantas palabras: Tratado de Libre Comercio (TLC) que beneficia a las multinacionales y perjudica a los nativos de las regiones donde hay grandes recursos naturales que esperan ser saqueados por las grandes empresas de las potencias extranjeras.

De cómo la Amazonía peruana se tiñó de rojo

* Amelia A.

TOMADO DE: Blog La Mala Palabra

Los orígenes del conflicto se presentan desde el año pasado, fecha en que el presidente peruano Alan García promulga un paquete de Decretos Legislativos, en base a la facultad que le otorgo el Congreso de la República mediante ley 29157, con la finalidad de implementar el Acuerdo de Promoción comercial entre Perú y EEUU o Tratado de Libre Comercio (TLC) y apoyar a la competitividad económica para el aprovechamiento de dicho acuerdo, el artículo 2.2 de la ley facultativa obliga al ejecutivo a legislar estrictamente sobre estos temas.

Sin embargo, desde agosto del año pasado, los pueblos indígenas vienen reclamando la derogatoria de algunos de estos decretos, pues consideran que afectan su derecho a la libre determinación, a la autonomía, a su territorio, a su identidad cultural, a vivir en un ambiente sano, entre otros; y sustentan su lucha en el derecho a la consulta que es reconocido por el Estado peruano a través de su ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Este convenio de la OIT dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

El error del gobierno fue no convocar a dirigentes o representantes indígenas a participar en la elaboración de dichas normas, pese a que tal y como se demostró en ese momento, con la discusión del decreto legislativo Nº 1015, afectaban la autonomía de las comunidades indígenas, porque promovía la inversión privada sobre tierras indígenas a través de la flexibilización del proceso de toma de decisiones en el seno de las asambleas comunitarias, haciendo de esto modo que sea más fácil la disposición de sus tierras, pese a que existe un marco constitucional que las protege.

A tal punto llegó la situación que la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad pidiendo la derogatoria de ese decreto. Eso fue en agosto del año pasado, los decretos siguen vigentes, y los nativos han venido reclamando su derogatoria. Hace casi dos meses volvieron a organizarse, enviaron a sus interlocutores a Lima, mientras que el grupo organizado se encontraba bloqueando las carreteras.

Por su parte, el Ejecutivo y el Congreso eran incapaces de resolver el destino de los decretos, en las últimas semanas se devolvían la responsabilidad entre unos y otros, y aunque habían iniciado un acercamiento en una mesa multisectorial con los indígenas, también habían presentado denuncia penal por sedición contra sus dirigentes.

El tema llegó a explotar el viernes 5 de junio, contactos en la Amazonía dicen que todo empezó a las 5 a.m. La Ministra del Interior dijo que la intervención policial se inició porque los nativos dispararon a un helicóptero y mataron a un policía. Ojo, que esa es la versión oficial… Lo cierto es que el uso desproporcional de la fuerza pública se ha presentado en su plenitud en este gobierno, los medios de comunicación en su mayoría y el gobierno sólo informan de las bajas de la Policía, pero no dicen nada de las bajas de los nativos, sólo he podido escuchar por radio el llamado de familiares y habitantes de Bagua –que es donde se presentaron estos hechos– decir que los muertos de los nativos estaban regados y algunos inclusive estaban siendo desaparecidos fondeados en el río cercano al poblado. Cada vida es valorable; pero es necesario que no se cuenten las verdades a medias.

Es una pena que hasta ahora no se pueda escuchar ninguna autocrítica de parte del gobierno, la única jugada política que está haciendo es echar la culpa de lo ocurrido al dirigente Alberto Pizango, presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que ahora está con paradero desconocido y que se presume estaría en Bolivia. Sólo queda esperar a que se retome el diálogo, que se haga justicia sobre esa matanza, que se establezcan responsabilidades de ambas partes, pero siento mucha tristeza e impotencia, no sé cómo hemos llegado al punto que entre peruanos nos estemos matando.

* Amelia A. es ciudadana peruana quien nos hizo llegar esta carta.

Y la sangre llegó al río

* Richard Sánchez

Una de las conclusiones de la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno el 31 de mayo pasado fue la de organizar durante la primera semana de junio plantones frente a las embajadas de Perú en los distintos países de procedencia de los participantes presentes en este encuentro. Pero la sangre y la violencia se adelantaron a esta protesta pacífica.

Los diferentes representantes de los pueblos amazónicos del Perú alertaron en la Cumbre la crítica situación que se estaba viviendo en sus regiones, incluso acusaron a Miguel Palacín, máximo dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y gestor de esta cumbre, de no actuar frente al atropello que realiza el gobierno de Alan García en contra de los nativos amazónicos.

Otro pronunciamiento de la Cumbre fue impulsar un juicio internacional al gobierno de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por el genocidio de los pueblos indígenas colombianos; también al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista, persecución y judicialización de la demanda mapuche; y en el caso concreto del gobierno peruano de Alan García por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas y los más de mil líderes perseguidos y enjuiciados en territorio peruano.

Sin embargo, la sangre y el luto llegaron más antes. El viernes 5 de junio se daba la noticia de al menos 30 muertos indígenas y una docena de efectivos policiales. Los primeros bloqueaban la carretera interprovincial cerca de Baguas (norte de Perú) y también habrían tomado una estación de bombeo de petróleo. Los segundos fueron a desbloquear la vía y retomar la planta petrolera. Esta crisis –que data desde el pasado abril– se agudizó cuando el mismo viernes el pleno del Congreso peruano aplazó el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Hoy sábado 7 de junio es increíble escuchar al mismo presidente del Perú, Alan García, rendir homenaje a los policías fallecidos y ni una palabra sobre los indígenas muertos. “Signos de barbarie primitiva, subversiva y sediciosa”, calificó García un día después a los hechos ocurridos en la Amazonía peruana. Ésas fueron sus primeras palabras luego del sangriento suceso cuando se refirió al mismo, en un discurso pronunciado al celebrarse el Día del Funcionario Público peruano.

Así el gobierno de Alan García califica de “terroristas” a los indígenas amazónicas, justificando el asesinato y también aduciendo que existen influencias extranjeras que originan estos hechos, en clara alusión a las declaraciones del gobierno de Evo Morales, quien en una carta enviada a la Cumbre Indígena planteó a todos los indígenas participantes de avanzar “de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución”.

En La Paz hubo una reducida manifestación frente a las puertas de la Embajada peruana (ubicada en la avenida 6 de Agosto) el mismo viernes en la noche de parte del autodenominado Comité Cívico Popular, grupo reaccionario a favor del Poder Ejecutivo. Mientras el gobierno boliviano rechazó las supuestas injerencias de que le acusa la administración de Lima y lamentó los hechos sangrientos.

FOTOGRAFIAS DE LA MASACRE
ATENCION: ESTAS VIOLENTAS IMAGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

FOTOGRAFIAS TOMADAS DE: catapa-be

POLICIAS DISPARANDO DESDE LOS TECHOS DE LAS CASAS

LOS CASQUILLOS RECOGIDOS DESPUES DE LA MATANZA

¡¡ALAN GARCIA: ASESINO!!

¡POLICIAS COBARDES!