1985: EL NARCOTRAFICO SE TOMA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
BERNARDO GUERRA SERNA Y ALVARO URIBE
ENTRE BANDIDOS SE CELEBRAN
En 1985 el narcotráfico ya se había tomado algunas de las instituciones del país. Prácticamente la cúpula de los organismos del estado: Policía, Fuerzas Militares, DAS y organismos adscritos, eran controlados por los narcotraficantes gracias al soborno. Este proceso de infiltración y apoderamiento había empezado quince años antes con el inicio del narcotráfico en Colombia, con el tráfico de marihuana a comienzos de la década de los setenta.
Algunos sectores políticos también estaban en manos de los narcos, como el grupo del partido liberal de Antioquia que lideraba el corrupto Bernardo Guerra Serna, ladrón de tierras y asesino de indígenas, grupo en el que se inició como político el narcoparaco Alvaro Uribe Vélez. Guerra Serna, cacique electoral de Antioquia, representa la peor politiquería que vive de la corrupción, el robo, el tráfico de influencias, mientras garantiza que sus regiones sigan sumidas en el atraso. Hoy en día, muchos miembros del clan Guerra Serna ocupan cargos directivos en las instituciones del estado, desde donde continúan con su labor de pillaje y robo de los bienes públicos.
PABLO ESCOBAR: SOCIO, AMIGO Y MECENAS DE ALVARO URIBE VELEZ
PABLO ESCOBAR Y ALVARO URIBE
GRANDES SOCIOS
En 1985 Pablo Escobar, ex congresista que había pasado por la Cámara de Representantes como miembro de un grupo político de Antioquia, era uno de los narcotraficantes mas poderosos de Colombia. De su vida pública destaca el mecenazgo del programa "Medellín sin tugurios", adelantado por el entonces alcalde de Medellín, Alvaro Uribe Vélez. Un año antes, en 1984, Pablo Escobar había empezado su desafío al Estado que aún no caía en sus manos con el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
Las guerrillas tampoco habían sido indiferentes al fenómeno del narcotráfico. Dado su caráter en escencia rural, ubicadas en lo profundo de las selvas y en permanente contacto con campesinos y colonos, habían sido testigos del surgimiento de los cultivos de coca y marihuana y de la presencia de los narcotraficantes que les compraban el producto a los campesinos e instalaban laboratorios de procesamiento. Muy pronto las guerrillas vieron en el millonario jugoso del narcotráfico una forma de financiarse, no sólo cobrando impuestos y controlando el cultivo y el procesamiento, sino también secuestrando narcotraficantes o a sus familiares. La relación de guerrilla y narcotraficantes fue tormentosa desde un principio, a pesar de que en algunos momentos llegaron a asociarse, como en el famoso laboratorio "Tranquilandia" (lugar donde los helicópteros de Alvaro Uribe Sierra entraba y salían sin cesar), el mas grande laboratorio de procesamiento de coca que estaba ubicado en el santuario de las farc, los llanos del Yarí, lugar donde se gestó éste grupo delincuencial.
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INVESTIGABA A GENERALES DEL EJERCITO Y LA POLICIA
El espantoso crecimiento del narcotráfico en tan sólo quince años sólo se explicaba por la complacencia de las autoridades militares y de policía con los narcotraficantes. A esto hay que sumarle el empujón el gobierno de Alfonso López Michelsen le dió a éste tipo de actividades ilícitas con la creación de la "Ventanilla Siniestra" del banco de la República, mecanismo por la cual se legalizaron capitales provenientes del narcotráfico y del contrabando.
Para 1985 la presencia del narcotráfico en las instituciones del estado ya no era una sospecha, era una realidad. La Corte Suprema de Justicia investigaba a la cúpula de los organismos de seguridad: Policía Nacional, Ejército de Colombia, DAS y organizaciones adscritas a estas instituciones, por vínculos y complacencia con los narcotraficantes, que se paseaban y delinquían a sus anchas en todo el país. Hay que resaltar el impulso que éstas investigaciones tuvieron cuando Pablo Escobar inició su guerra contra el Estado, con el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
Los generales del Ejército y la Policía en 1985 fueron oficiales en la época en que el narcotráfico había empezado, quince años atrás, a comienzos de los setenta, que estuvieron muy cerca del surgimiento de este fenómeno y se involucraron como cómplices y colaboradores. En muchos casos se involucraban sus familiares. En 1985 corrían fuertes rumores de los vínculos de éstos oficiales con los narcos, dada la forma como había crecido éste fenómeno, en total impunidad, había que investigar éstos rumores. Desde los días del criminal general Luis Carlos Camacho Leyva ya se hablaba de los vínculos de toda la cúpula militar con los narcos.
Ya en el año 1976 había estallado un escándalo de grandes dimensiones cuando autoridades estadounidenses encontraron 30 kilos de cocaína en el "insigne" buque Gloria. Caso que en Colombia fue juzgado por la Corte Penal Militar, declarando inocentes a todos los imputados.
Se hablaba de que los militares tenían a la aerolínea Satena, empresa que pertenecía al Ministerio de Defensa, al servicio de los narcos, llevando y trayendo droga en sus aviones de las regiones lejanas de los llanos, a donde únicamente viajaba ésta empresa estatal. Así mismo, había denuncias de que en lo camiones del Ejército, en los que supuestamente se llevaban insumos para los soldados que combatían a las guerrillas, en realidad se transportaban insumos para los laboratorios de procesamiento en lo profundo de las selvas colombianas.
Respecto a Camacho Leyva, militar recordado por impulsar la tortura y la desaparición en los tiempos del "Estatuto de Seguridad" del presidente Julio César Turbay Ayala, su propio hermano Roberto Camacho Leyva fue capturado llevando cocaína a bordo de una avioneta de Satena. El propio Ministro de Defensa en 1985, el "general" Miguel Vega Uribe estaba siendo investigado por sus nexos con el narcotráfico debido a que estaba casado con una hija del congresista Samuel Alberto Escrucería Delgado, sobre quien recaían sospechas de vínculos con el narcotráfico. Años después Escrucería Delgado sería detenido en Estados Unidos por el tráfico de 200 kilos de cocaína.
Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sólo adelantaban investigaciones contra militares y policías por vínculos con el narcotráfico. También adelantaban investigaciones por torturas y desapariciones en el nefasto período 1978 - 1982, del gobierno de Julio César Turbay Ayala. La cúpula del ejército: Rafael Samudio Molina, Miguel Vega Uribe y Jesús Armando Arias Cabrales estaban siendo investigados por casos de tortura y desaparición durante los años del Estatuto de Seguridad. Estos casos habían pasado recientemente de la Justicia Penal Militar a manos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, a manos de jueces imparciales, lo cual preocupaba mucho a los militares, con las manos manchadas de sangre por los cientos de torturados y desaparecidos durante el gobierno de Turbay Ayala.
LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA: JAQUE DE PABLO ESCOBAR AL ESTADO
Gabriel García Márquez en "Noticia de un Secuestro", destaca la "macabra" inteligencia de Escobar para mover a su antojo los diversos hilos de los tentáculos del narcotráfico, que ya tenían en sus manos a algunas de las instituciones del estado, y a su vez de mundo del hampa y del crimen. En 1985 el gobierno de Belisario Betancur estaba realizando diálogos de paz con las farc y se había firmado una tregua. Esto no gustaba para nada a las Fuerzas Militares, en esos momentos en manos de los sangrientos "Generales" que había ejecutado con sevicia el "Estatuto de Seguridad" del anterior presidente, Julio César Turbay Ayala.
En 1985 el grupo guerrillero M-19 había roto la tregua con el gobierno de Betancur según ellos, por el inclumplimiento del gobierno de Betancur de los compromisos asumidos al firmarse la tregua. Necesitados de dinero para una de sus arriesgadas acciones armadas, Pablo Escobar apoyó la toma del Palacio de Justicia, al mismo tiempo advirtió a sus amigos militares de la toma que se organizaba, para completar su jugada maestra:
- Un ataque a la justicia convenía a los narcos, ya que la amenaza de la extradición pesaba sobre ellos.
- Un ataque a la Corte Suprema de Justicia era la acción ideal para el amedrentamiento y sometimiento de ésta institución del Estado, una de las últimas que se resistía a caer en manos de los narcos.
- Atacar el palacio de justicia con la guerrilla del M-19 y los soldados del ejército era la jugada maestra que permitiría desaparecer los archivos donde reposaban las investigaciones de narcotraficantes, políticos, funcionarios del estado, militares, policías y demás miembros de los organismos de seguridad.
Esto explica lo siguiente:
- Que a la guerrilla del M-19 le fuera permitido organizar la toma con toda libertad, al extremo que la vigilancia del palacio fue retirada días antes de la toma, lo cual permitió la entrada de armas y municiones sin el menor problema.
- Los propios guerrilleros del M-19 afirman que al entrar en el palacio e iniciar la toma tuvieron la sensación de que en realidad los militaresn los estaban esperando.
- El incendio de los archivos fue ejecutado por los soldados del ejército, según se desprende de las últimas investigaciones, lo que comprueba la intención de los militares de eliminar las investigaciones que cursaban en su contra.
- El Golpe de Estado que durante esas 48 horas los militares le dieron a Belisario Betancur se justifica por la necesidad de los generales del Ejército de eliminar físicamente a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que adelantaban investigaciones en su contra y al mismo tiempo eliminar a los guerrilleros que sabían del complot guerrilla - narcos - militares. NO OLVIDEMOS QUE SE HA PROBADO QUE LAS BALAS QUE ASESINARON A LOS MAGISTRADOS ERAN DE LOS FUSILES DEL EJERCITO.
PLAZAS VEGA: MILITAR AL SERVICIO DEL NARCOTRAFICANTE GONZALO RODRIGUEZ GACHA
Hoy en día, después de mas de veinte años, por fin se logró llevar a juicio al "militar" Alfonso Plazas Vega, acusado de tortura y desaparición de los trabajadores de la cafetería que salieron vivos e incluso de un magistrado auxiliar. También están llamados a juicio Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales, los militares que dirigieron el la operación militar.
Alfonso Plazas Vega figuraba en la lista de militares pagados por Gonzalo Rodríguez Gacha. Dirigió con sevicia la parte final del operativo militar en el Palacio de Justicia, cuando los militares asesinaron magistrados, incendiaron el Palacio y llevaron a la Casa del Florero a los que sobrevivieron a la toma, para luego desaparecerlos. El día de su detención encontraron cintas de video en su casa donde se registra a los empleados de la cafetería que salieron vivos e incluso el Magistrado Auxiliar Carlos Antonio Urán. Estas personas hoy están desaparecidas.
Plazas Vega también dirigió la desaparicion de pruebas y alteración del escenario, al cual los militares y policías no dejaron entrar a las autoridades correspondientes para el levantamiento de los cadáveres y la toma de pruebas. Individuos como Plazas Vega mas que militares son delincuentes. En Colombia las fuerzas militares se han dedicado al asesinato de inocentes desde tiempos inmemoriales que se remontan decenas de años, incluso desde mucho antes de la Masacre de las Bananeras, ocurrida en 1928. NO PODEMOS OLVIDAR QUE LAS ACCIONES DE REPRESION Y ASESINATOS DE LAS FUERZAS MILITARES SON LAS RESPONSABLES DE LA APARICION DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS EN LOS AÑOS SESENTA.
Para que podamos apreciar en toda su dimensión la calaña de los militares colombianos a continuación podemos ver el video de Alfonso Plazas Vega agrediendo a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, los mismos que aparecen vivos, saliendo del Palacio, en los videos que encontraron en su casa.
A continuación se citará una macabra crónica sobre la fosa común a la cual llevaron a los torturados, otra sobre el Magistrado Auxiliar Carlos Antonio Urán, otra sobre una sobreviviente que fue torturada en las instalaciones del Ejército y algunos enlaces de importancia.
¿La fosa perdida del Palacio?
Tomado de Revista Semana
Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana en el Cementerio Sur de Bogotá
Después de 23 años, SEMANA revela las fotografías que podrían resolver el misterio de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Sábado 15 Noviembre 2008
Seis macabras fotografías tomadas en enero de 1986 y los testimonios de dos espectadores circunstanciales –los holandeses Jan Thielen y Harry Van der Aart– podrían resolver el misterio que ha atormentado a los colombianos: ¿dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia?
La búsqueda de la respuesta a esta pregunta es parte integral de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde finales de 2005 que ha resultado en la detención de dos coroneles y un general de la República. Aunque la Fiscalía ha confirmado la desaparición de por lo menos tres personas, hasta ahora no ha sido posible hallar algún rastro de ellos. En otras palabras, se sabe que salieron con vida del Palacio de Justicia y que no volvieron a aparecer luego de estar bajo la custodia de la Fuerza Pública. Otras ocho personas también están desaparecidas desde los luctuosos hechos del 6 y el 7 noviembre de 1985.
La búsqueda de la respuesta a esta pregunta es parte integral de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde finales de 2005 que ha resultado en la detención de dos coroneles y un general de la República. Aunque la Fiscalía ha confirmado la desaparición de por lo menos tres personas, hasta ahora no ha sido posible hallar algún rastro de ellos. En otras palabras, se sabe que salieron con vida del Palacio de Justicia y que no volvieron a aparecer luego de estar bajo la custodia de la Fuerza Pública. Otras ocho personas también están desaparecidas desde los luctuosos hechos del 6 y el 7 noviembre de 1985.
Las fotografías, tomadas por el reportero Harry Van der Aart, muestran una escena dantesca: el entierro de varios cadáveres en una fosa común en la mañana de un miércoles en el Cementerio del Sur de Bogotá. La presencia de Harry Van der Aart y su amigo, el periodista Jan Thielen, en ese lugar, fue fortuita, como le explicaron a SEMANA.
Esas imágenes y la historia de lo que ocurrió ese día, posiblemente se habrían mantenido inéditas si no fuera por otro hecho igual de fortuito: hace 15 días, Thielen decidió revisar por Internet qué pasaba en Colombia, un país donde había sido corresponsal a principios de los 80. Allí se sorprendió con una noticia que lo dejó perplejo: el titular hablaba de las fosas de las víctimas del Palacio de Justicia. La noticia lo golpeó en lo más profundo de su alma, ya que lo recordaba de una experiencia que aún hoy lo mortifica. Fue tanto el impacto, que hizo algo que no había hecho en 10 años: llamó a su gran amigo Harry Van der Aart, quien vive en Holanda, para comentar sobre ese nefasto día que pasaron en la capital colombiana hace ya casi 23 años.
Van der Aart le recordó que tenía unas fotografías del suceso y empezaron a rememorar ese viaje que hicieron a Colombia a principios del año de 1986. No era el primer periplo que hacían juntos. Jan Thielen, quien trabajó durante 20 años como corresponsal de radio y televisión en varios países de América Latina, como Colombia, El Salvador, Nicaragua, Chile, Argentina y Brasil, había invitado a su amigo, a otra aventura periodística con anterioridad. Sin embargo, el amor por el oficio de Van der Aart se acabó ese miércoles de enero cuando vio en vivo y en directo la degradación humana. Desde entonces, se dedica a dictar clases de arte gráfico en Holanda.
Era la cuarta vez que Van der Aart visitaba a Colombia. Thielen había convencido a sus editores de que lo enviaran al país para hacer una serie de reportajes. Colombia había estado en las noticias mundiales por lo del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Como Thielen relata en su desgarrador testimonio de los hechos (ver nota aparte), decidieron hacer un reportaje sobre la violencia en Colombia y el uso indiscriminado de fosas comunes para enterrar a indigentes e “indeseables” de la sociedad.
En la mañana del miércoles 22 de enero –ambos creen que esa es la fecha–, llegaron al Cementerio del Sur. A los pocos minutos, vieron ingresar dos “pequeños carros o camiones”, según recuerda Van der Aart. En los vehículos había más de ocho cadáveres que fueron removidos y lanzados a una fosa. No fue lo único que arrojaron. De unos baldes, comenta Van der Aart, salieron huesos calcinados, “negros como el carbón” y pedazos de cuerpos. El olor de la muerte estaba en todos lados. Era sofocante, coinciden los dos.
Algunos de los cadáveres estaban hinchados, incluso uno tenía una apariencia verdosa. Otros estaban en muy buen estado; “cuerpos frescos” y con moretones. Según ambos holandeses, parecían haber muerto recientemente, como se observa en algunas de las fotografías. La mayoría eran hombres, pero había por lo menos una mujer. Fue ante la aparición de este cuerpo que Thielen no aguantó y vomitó su repugnancia.
Uno los hombres que participaban en la operación le dijo a Thielen: “Son los hijueputas del Palacio”. Para el periodista holandés, eso explicaría la presencia de los huesos calcinados; eran de personas que habrían muerto en el incendio del Palacio de Justicia.
A ambos les llamó la atención la falta de cuidado con que se manejaban los cuerpos. “No fueron tratados con el respeto que merece un ser humano”, dice Van der Aart. Fue tanta su impresión, que describió en detalle su experiencia en una carta enviada a su mujer días después. Una misiva que aún guarda.
Regresaron de inmediato al hotel, ansiosos de quitarse de encima la fetidez de los cadáveres. Van der Aart recuerda como si fuera ayer su horror al ver incrustado en la suela de su zapato un pedazo de cuerpo humano.
Thielen hizo su reportaje radial, Van der Aart logró vender sólo una de las fotos a un diario. Thielen se estableció hace cuatro años en Salvador de Bahía, Brasil, y Van der Aart en Europa.
Esas imágenes y la historia de lo que ocurrió ese día, posiblemente se habrían mantenido inéditas si no fuera por otro hecho igual de fortuito: hace 15 días, Thielen decidió revisar por Internet qué pasaba en Colombia, un país donde había sido corresponsal a principios de los 80. Allí se sorprendió con una noticia que lo dejó perplejo: el titular hablaba de las fosas de las víctimas del Palacio de Justicia. La noticia lo golpeó en lo más profundo de su alma, ya que lo recordaba de una experiencia que aún hoy lo mortifica. Fue tanto el impacto, que hizo algo que no había hecho en 10 años: llamó a su gran amigo Harry Van der Aart, quien vive en Holanda, para comentar sobre ese nefasto día que pasaron en la capital colombiana hace ya casi 23 años.
Van der Aart le recordó que tenía unas fotografías del suceso y empezaron a rememorar ese viaje que hicieron a Colombia a principios del año de 1986. No era el primer periplo que hacían juntos. Jan Thielen, quien trabajó durante 20 años como corresponsal de radio y televisión en varios países de América Latina, como Colombia, El Salvador, Nicaragua, Chile, Argentina y Brasil, había invitado a su amigo, a otra aventura periodística con anterioridad. Sin embargo, el amor por el oficio de Van der Aart se acabó ese miércoles de enero cuando vio en vivo y en directo la degradación humana. Desde entonces, se dedica a dictar clases de arte gráfico en Holanda.
Era la cuarta vez que Van der Aart visitaba a Colombia. Thielen había convencido a sus editores de que lo enviaran al país para hacer una serie de reportajes. Colombia había estado en las noticias mundiales por lo del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Como Thielen relata en su desgarrador testimonio de los hechos (ver nota aparte), decidieron hacer un reportaje sobre la violencia en Colombia y el uso indiscriminado de fosas comunes para enterrar a indigentes e “indeseables” de la sociedad.
En la mañana del miércoles 22 de enero –ambos creen que esa es la fecha–, llegaron al Cementerio del Sur. A los pocos minutos, vieron ingresar dos “pequeños carros o camiones”, según recuerda Van der Aart. En los vehículos había más de ocho cadáveres que fueron removidos y lanzados a una fosa. No fue lo único que arrojaron. De unos baldes, comenta Van der Aart, salieron huesos calcinados, “negros como el carbón” y pedazos de cuerpos. El olor de la muerte estaba en todos lados. Era sofocante, coinciden los dos.
Algunos de los cadáveres estaban hinchados, incluso uno tenía una apariencia verdosa. Otros estaban en muy buen estado; “cuerpos frescos” y con moretones. Según ambos holandeses, parecían haber muerto recientemente, como se observa en algunas de las fotografías. La mayoría eran hombres, pero había por lo menos una mujer. Fue ante la aparición de este cuerpo que Thielen no aguantó y vomitó su repugnancia.
Uno los hombres que participaban en la operación le dijo a Thielen: “Son los hijueputas del Palacio”. Para el periodista holandés, eso explicaría la presencia de los huesos calcinados; eran de personas que habrían muerto en el incendio del Palacio de Justicia.
A ambos les llamó la atención la falta de cuidado con que se manejaban los cuerpos. “No fueron tratados con el respeto que merece un ser humano”, dice Van der Aart. Fue tanta su impresión, que describió en detalle su experiencia en una carta enviada a su mujer días después. Una misiva que aún guarda.
Regresaron de inmediato al hotel, ansiosos de quitarse de encima la fetidez de los cadáveres. Van der Aart recuerda como si fuera ayer su horror al ver incrustado en la suela de su zapato un pedazo de cuerpo humano.
Thielen hizo su reportaje radial, Van der Aart logró vender sólo una de las fotos a un diario. Thielen se estableció hace cuatro años en Salvador de Bahía, Brasil, y Van der Aart en Europa.
El fotógrafo holandés Harry Van der Aart tomó las aterradoras imágenes de la fosa del Cementerio Sur en Bogotá el 22 de enero de 1986. Lo que presenció ese día lo dejó tan impactado, que cuatro días más tarde, el 26 de enero, le escribió una carta a su esposa contándole lo que había visto.
La toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Videos y fotografías demostraron años más tarde que varias personas salieron vivas ese día y nunca volvieron a aparecer.
Así luce hoy el lugar exacto en donde estaba la fosa a la cual fueron arrojados los cuerpos el 22 de enero de 1986. El sitio está cubierto de maleza y en él se planea hacer un parque infantil.
En esta fotografía, tomada desde un plano más abierto, se observa otro extraño personaje que está de espaldas y parece también estar supervisando lo que está ocurriendo. Sorprende su vestimenta formal.
En esta fotografía, tomada desde un plano más abierto, se observa otro extraño personaje que está de espaldas y parece también estar supervisando lo que está ocurriendo. Sorprende su vestimenta formal.
La historia de estos dos holandeses sería sola una anécdota más de la violencia colombiana donde las fosas comunes son, tristemente, demasiado comunes si no fuera por esa frase tan contundente que escuchó ese día Thielen: “Son los hijueputas del Palacio”. En enero de 1986, el clamor de las familias de los desaparecidos no tenía mayor eco. La versión oficial de que todos habían muerto en el incendio del cuarto piso era la aceptada. Tal vez por eso, ninguno de los dos le dio mayor trascendencia al comentario de que los muertos eran “del Palacio”.
Pero en noviembre de 2008, gracias a la investigación que adelanta la Fiscalía, que ha encontrado pruebas en lugares insospechados, el episodio descrito y fotografiado por los holandeses no puede ser descartado de antemano.
SEMANA hizo una visita al cementerio con el fin de verificar si las fotografías habían sido tomadas en ese terreno, como lo manifestaban los holandeses. El lote está abandonado –lo cuida un indigente– y está cubierto de maleza y basura. Pero no hay duda de que es el mismo sitio donde estuvieron los holandeses (ver foto de enero de 1986 y noviembre de 2008). Muy cerca de ahí está localizada la llamada fosa oficial del Palacio de Justicia.
En ésta fueron inhumados 26 cadáveres del Palacio el 9 de noviembre de 1985, y el 14, el 23 y el 30 del mismo mes, víctimas de Armero y fetos y otros desechos hospitalarios. En 1998 se ordenó la exhumación de los cuerpos para buscar a desaparecidos. Sólo encontraron a Ana Rosa Castiblanco. La semana pasada, la Universidad Nacional reiteró que ninguno de los 11 desaparecidos restantes estaba en esa fosa.
Según fuentes judiciales, es evidente que esa fosa es diferente a la que describen los holandeses y se ve en las fotografías. Para estas fuentes, que por la sensibilidad del tema pidieron no ser identificadas, el procedimiento de inhumación que presenciaron es altamente irregular. En primer lugar, uno de los vehículos donde transportaron los cadáveres es de un particular, según pudo verificar SEMANA con las autoridades. Ninguno de los hombres porta una identificación de Medicina Legal, la única entidad autorizada para hacer inhumaciones. Varios de los cuerpos no tienen marcas de necropsia, un procedimiento obligatorio para cualquier cadáver. Y llama la atención el desdén con el que arrojan los cadáveres a la fosa. No hay cuidado alguno. Contrasta con los cadáveres enterrados en la fosa oficial del Palacio, que fueron cubiertos con plásticos y de manera ordenada. Según una fuente judicial, hay cuidados mínimos de salud pública que no se cumplieron en la fosa fotografiada por Van der Aart. Con el manejo de los cadáveres siempre existe el riesgo de que se produzca gangrena gaseosa, que puede generar una epidemia en las zonas cercanas al cementerio.
Esas no son las únicas anomalías. Según el registro oficial de todas las inhumaciones hechas en enero de 1986 en los cementerios Central y del Sur, sólo aparece un NN –de 80 años de edad– el miércoles 22 de enero. El martes 21 de enero hubo ocho NN en los dos cementerios, pero de estos había un niño de 2 años y un hombre de 60. Tanto Van der Aart como Thielen insisten en que no vieron niños ni ancianos. Todo indicaría que esa fosa no fue registrada oficialmente.
El estado de los cuerpos también es diciente. No parecen indigentes, como le comentó una fuente judicial a SEMANA.
En las fotos se observa que por lo menos tres individuos sobresalen por ser diferentes al resto de los participantes en la operación. Uno de estos hombres, según cuentan los holandeses, estuvo más pendiente de ellos que de la operación. Los miraba detenidamente. Y los tres hombres, curiosamente, parecían inmunes al fuerte olor de los cadáveres, no usaban tapabocas.
Fuentes judiciales consultadas por SEMANA dicen que es altamente probable que la Fiscalía ordene una exhumación de esa fosa común en las próximas semanas para verificar si hay restos del Palacio de Justicia. Hay tres indicios adicionales que motivarían esta decisión: el comentario que escuchó Thielen sobre el Palacio, los huesos calcinados que describe Van der Aart y la cercanía de esta fosa a la oficial.
En el momento, no hay razones para dudar de la palabra del holandés periodista. Hace años que no ejerce su profesión –está dedicado a hacer documentales– y no parecía estar al tanto de la investigación de la Fiscalía. Tal vez si el coronel Alfonso Plazas, acusado de secuestro y desaparición forzada, no hubiera señalado hace 15 días que los desaparecidos se encontraban entre los cadáveres sin identificar exhumados de la fosa oficial del Palacio de Justicia, Thielen y Van der Aart no hubieran vuelto a hablar entre sí.
Pocos días después de fotografiar el irregular entierro, Van der Aart escribió sus impresiones a su mujer. Su relato no ha cambiado y su descripción de los huesos calcinados es impactante. Si los cuerpos eran de unos indigentes, ¿qué hacían allí huesos calcinados y brazos y piernas mutilados?
Si algunos de los restos eran de Palacio, ¿por qué no se enterraron en la fosa oficial?
En cualquier lado del mundo, la escena que se ve en las fotografías motivaría una investigación. Son más propias de los campos de concentración de la Alemania nazi. Parafraseando a Hamlet: Algo huele mal.
Pero en noviembre de 2008, gracias a la investigación que adelanta la Fiscalía, que ha encontrado pruebas en lugares insospechados, el episodio descrito y fotografiado por los holandeses no puede ser descartado de antemano.
SEMANA hizo una visita al cementerio con el fin de verificar si las fotografías habían sido tomadas en ese terreno, como lo manifestaban los holandeses. El lote está abandonado –lo cuida un indigente– y está cubierto de maleza y basura. Pero no hay duda de que es el mismo sitio donde estuvieron los holandeses (ver foto de enero de 1986 y noviembre de 2008). Muy cerca de ahí está localizada la llamada fosa oficial del Palacio de Justicia.
En ésta fueron inhumados 26 cadáveres del Palacio el 9 de noviembre de 1985, y el 14, el 23 y el 30 del mismo mes, víctimas de Armero y fetos y otros desechos hospitalarios. En 1998 se ordenó la exhumación de los cuerpos para buscar a desaparecidos. Sólo encontraron a Ana Rosa Castiblanco. La semana pasada, la Universidad Nacional reiteró que ninguno de los 11 desaparecidos restantes estaba en esa fosa.
Según fuentes judiciales, es evidente que esa fosa es diferente a la que describen los holandeses y se ve en las fotografías. Para estas fuentes, que por la sensibilidad del tema pidieron no ser identificadas, el procedimiento de inhumación que presenciaron es altamente irregular. En primer lugar, uno de los vehículos donde transportaron los cadáveres es de un particular, según pudo verificar SEMANA con las autoridades. Ninguno de los hombres porta una identificación de Medicina Legal, la única entidad autorizada para hacer inhumaciones. Varios de los cuerpos no tienen marcas de necropsia, un procedimiento obligatorio para cualquier cadáver. Y llama la atención el desdén con el que arrojan los cadáveres a la fosa. No hay cuidado alguno. Contrasta con los cadáveres enterrados en la fosa oficial del Palacio, que fueron cubiertos con plásticos y de manera ordenada. Según una fuente judicial, hay cuidados mínimos de salud pública que no se cumplieron en la fosa fotografiada por Van der Aart. Con el manejo de los cadáveres siempre existe el riesgo de que se produzca gangrena gaseosa, que puede generar una epidemia en las zonas cercanas al cementerio.
Esas no son las únicas anomalías. Según el registro oficial de todas las inhumaciones hechas en enero de 1986 en los cementerios Central y del Sur, sólo aparece un NN –de 80 años de edad– el miércoles 22 de enero. El martes 21 de enero hubo ocho NN en los dos cementerios, pero de estos había un niño de 2 años y un hombre de 60. Tanto Van der Aart como Thielen insisten en que no vieron niños ni ancianos. Todo indicaría que esa fosa no fue registrada oficialmente.
El estado de los cuerpos también es diciente. No parecen indigentes, como le comentó una fuente judicial a SEMANA.
En las fotos se observa que por lo menos tres individuos sobresalen por ser diferentes al resto de los participantes en la operación. Uno de estos hombres, según cuentan los holandeses, estuvo más pendiente de ellos que de la operación. Los miraba detenidamente. Y los tres hombres, curiosamente, parecían inmunes al fuerte olor de los cadáveres, no usaban tapabocas.
Fuentes judiciales consultadas por SEMANA dicen que es altamente probable que la Fiscalía ordene una exhumación de esa fosa común en las próximas semanas para verificar si hay restos del Palacio de Justicia. Hay tres indicios adicionales que motivarían esta decisión: el comentario que escuchó Thielen sobre el Palacio, los huesos calcinados que describe Van der Aart y la cercanía de esta fosa a la oficial.
En el momento, no hay razones para dudar de la palabra del holandés periodista. Hace años que no ejerce su profesión –está dedicado a hacer documentales– y no parecía estar al tanto de la investigación de la Fiscalía. Tal vez si el coronel Alfonso Plazas, acusado de secuestro y desaparición forzada, no hubiera señalado hace 15 días que los desaparecidos se encontraban entre los cadáveres sin identificar exhumados de la fosa oficial del Palacio de Justicia, Thielen y Van der Aart no hubieran vuelto a hablar entre sí.
Pocos días después de fotografiar el irregular entierro, Van der Aart escribió sus impresiones a su mujer. Su relato no ha cambiado y su descripción de los huesos calcinados es impactante. Si los cuerpos eran de unos indigentes, ¿qué hacían allí huesos calcinados y brazos y piernas mutilados?
Si algunos de los restos eran de Palacio, ¿por qué no se enterraron en la fosa oficial?
En cualquier lado del mundo, la escena que se ve en las fotografías motivaría una investigación. Son más propias de los campos de concentración de la Alemania nazi. Parafraseando a Hamlet: Algo huele mal.
“Son los ‘hijueputas’ del Palacio”
Jan Thielen, periodista y documentalista holandés, escribe para SEMANA la impresionante historia que presenció hace 22 años en una fosa común en el Cementerio del Sur de Bogotá.
El olor penetrante de los cadáveres me persiguió físicamente por lo menos dos días más. Sicológicamente se vuelve a sentir cada vez que me acuerdo al ver cómo arrojaron un cadáver que, por más desfigurado que estaba, parecía de una mujer.
Todo ocurrió a comienzos de enero de 1986. Ya había vivido en Colombia hasta 1984, cuando me fui a vivir a Argentina, y en el 86 hablé con mis jefes en Holanda para volver a Bogotá para hacer un reportaje sobre La Violencia. Para el reportaje necesitaba, como decimos los periodistas, ‘color local’, es decir, en este caso, elementos que ilustraran el clima de la violencia. Fue así que alguien me sugirió ir al Cementerio del Sur, donde supuestamente, de vez en cuando, hacían fosas comunes en donde depositaban los muertos no identificados.
Fuimos, Harry Van der Aart y yo. Harry era un fotógrafo holandés que me acompañó al cementerio en ese viaje, y hablamos con alguien que me pareció el administrador. Fue una conversación donde yo le mentí y le dije que estaba haciendo un reportaje sobre la forma como enterraban a los muertos en diferentes culturas . ¿Y cómo era en Colombia?, pregunté. Y a propósito, ¿cómo lo hacen con un muerto que no tenga parientes o alguien que se preocupe por un funeral o por lo menos una tumba decente? Fue así que nos confirmó que en el cementerio con cierta frecuencia se abrían fosas. Y que generalmente era los miércoles o los sábados a las 8 de la mañana. Y que era muy probable que el miércoles siguiente iban a abrir otra fosa. Ese miércoles llegamos a las 7:30 al cementerio. Fue el miércoles 22 de enero. Lo recuerdo porque fue al final de mi estada en Bogotá. Recuerdo, también, porque a los pocos días de haber grabado en el cementerio, y mientras que estaba procesando el material, se conoció la noticia de que la nave espacial norteamericana Challenger había explotado a pocos minutos de su lanzamiento. Eso fue el 28 de enero de 1986.
A los pocos minutos de llegar al cementerio, ingresaron dos camionetas cerradas, una un poco más grande que la otra, pero las dos ya viejísimas. La fosa ya estaba abierta. Antes de que abrieran la puerta trasera de la primera camioneta, que si mal no me acuerdo estaba trabada con un cable, se reveló la carga que traía. Fue insoportable, porque conocía ese mal olor de anteriores reportajes en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, Guatemala.
Bandejas de aluminio, una encima de la otra, y nada que las separara, donde se veía pies y más pies. Y de lado, varios baldes. Había varios hombres,unos mirando desde una modesta distancia, mientras otros comenzaron a tirar los cadáveres. Y uno de esos hombres se quedó mirándonos a Harry y a mí más que al espantoso espectáculo que estábamos presenciando. Este señor casi nunca nos quitó los ojos de encima y parecía ser uno de los encargados de la macabra escena.Bandeja tras bandeja, donde sobraba líquido medio rojizo de sangre y agua, fueron descargadas. Y los cadáveres fueron arrojados en la fosa de unos dos metros de profundidad. ¿Cuántos? Creo que eran unos 10. Ya había visto cadáveres en varias oportunidades, sobre todo en los países de Centro América envueltos en guerras civiles, pero estos cadáveres eran diferentes.
Los baldes estaban llenos con restos de cadáveres. Restos calcinados. Hubo algún u otro cadáver también medio calcinado. Al llevar los baldes a la fosa, cayeron pedazos de cuerpos al piso. Fue algo de esto que seguramente pisé sin querer, porque horas después, ya en el hotel, descubrí algo de esto en las grutas de mi zapato.Pensé que eran cadáveres comunes. De indigentes. Hasta que uno de los hombres que cargaba una bandeja con un cadáver, aparentemente de una mujer, y me dijo: “Son los hijueputas del Palacio”.
Recuerdo que al escuchar este comentario, vomité y mucho. Nunca supe y nunca sabré con seguridad si aquel miércoles de fines de enero 86 presencié el destino final de algunos de los desaparecidos del Palacio. El olor penetrante de aquellos cadáveres todavía me persigue. Si eran los del Palacio o no, falta descubrir todavía, pero por lo deshumano que vimos, sólo puedo suscribir lo que mi amigo Harry, escribió pocos días después, relatando aquella mañana: “Carece de toda dignidad humana lo que vi, arrojando un muerto, desconocido, desnudo, en una fosa común. Carajo, estas cosas no pueden seguir aconteciendo”.
El olor penetrante de los cadáveres me persiguió físicamente por lo menos dos días más. Sicológicamente se vuelve a sentir cada vez que me acuerdo al ver cómo arrojaron un cadáver que, por más desfigurado que estaba, parecía de una mujer.
Todo ocurrió a comienzos de enero de 1986. Ya había vivido en Colombia hasta 1984, cuando me fui a vivir a Argentina, y en el 86 hablé con mis jefes en Holanda para volver a Bogotá para hacer un reportaje sobre La Violencia. Para el reportaje necesitaba, como decimos los periodistas, ‘color local’, es decir, en este caso, elementos que ilustraran el clima de la violencia. Fue así que alguien me sugirió ir al Cementerio del Sur, donde supuestamente, de vez en cuando, hacían fosas comunes en donde depositaban los muertos no identificados.
Fuimos, Harry Van der Aart y yo. Harry era un fotógrafo holandés que me acompañó al cementerio en ese viaje, y hablamos con alguien que me pareció el administrador. Fue una conversación donde yo le mentí y le dije que estaba haciendo un reportaje sobre la forma como enterraban a los muertos en diferentes culturas . ¿Y cómo era en Colombia?, pregunté. Y a propósito, ¿cómo lo hacen con un muerto que no tenga parientes o alguien que se preocupe por un funeral o por lo menos una tumba decente? Fue así que nos confirmó que en el cementerio con cierta frecuencia se abrían fosas. Y que generalmente era los miércoles o los sábados a las 8 de la mañana. Y que era muy probable que el miércoles siguiente iban a abrir otra fosa. Ese miércoles llegamos a las 7:30 al cementerio. Fue el miércoles 22 de enero. Lo recuerdo porque fue al final de mi estada en Bogotá. Recuerdo, también, porque a los pocos días de haber grabado en el cementerio, y mientras que estaba procesando el material, se conoció la noticia de que la nave espacial norteamericana Challenger había explotado a pocos minutos de su lanzamiento. Eso fue el 28 de enero de 1986.
A los pocos minutos de llegar al cementerio, ingresaron dos camionetas cerradas, una un poco más grande que la otra, pero las dos ya viejísimas. La fosa ya estaba abierta. Antes de que abrieran la puerta trasera de la primera camioneta, que si mal no me acuerdo estaba trabada con un cable, se reveló la carga que traía. Fue insoportable, porque conocía ese mal olor de anteriores reportajes en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, Guatemala.
Bandejas de aluminio, una encima de la otra, y nada que las separara, donde se veía pies y más pies. Y de lado, varios baldes. Había varios hombres,unos mirando desde una modesta distancia, mientras otros comenzaron a tirar los cadáveres. Y uno de esos hombres se quedó mirándonos a Harry y a mí más que al espantoso espectáculo que estábamos presenciando. Este señor casi nunca nos quitó los ojos de encima y parecía ser uno de los encargados de la macabra escena.Bandeja tras bandeja, donde sobraba líquido medio rojizo de sangre y agua, fueron descargadas. Y los cadáveres fueron arrojados en la fosa de unos dos metros de profundidad. ¿Cuántos? Creo que eran unos 10. Ya había visto cadáveres en varias oportunidades, sobre todo en los países de Centro América envueltos en guerras civiles, pero estos cadáveres eran diferentes.
Los baldes estaban llenos con restos de cadáveres. Restos calcinados. Hubo algún u otro cadáver también medio calcinado. Al llevar los baldes a la fosa, cayeron pedazos de cuerpos al piso. Fue algo de esto que seguramente pisé sin querer, porque horas después, ya en el hotel, descubrí algo de esto en las grutas de mi zapato.Pensé que eran cadáveres comunes. De indigentes. Hasta que uno de los hombres que cargaba una bandeja con un cadáver, aparentemente de una mujer, y me dijo: “Son los hijueputas del Palacio”.
Recuerdo que al escuchar este comentario, vomité y mucho. Nunca supe y nunca sabré con seguridad si aquel miércoles de fines de enero 86 presencié el destino final de algunos de los desaparecidos del Palacio. El olor penetrante de aquellos cadáveres todavía me persigue. Si eran los del Palacio o no, falta descubrir todavía, pero por lo deshumano que vimos, sólo puedo suscribir lo que mi amigo Harry, escribió pocos días después, relatando aquella mañana: “Carece de toda dignidad humana lo que vi, arrojando un muerto, desconocido, desnudo, en una fosa común. Carajo, estas cosas no pueden seguir aconteciendo”.
LAS FOTOGRAFIAS
Fotografía: Harry van der Aart-Exclusivo SEMANA
lo que parece ser cal sobre los cuerpos apilados en el fondo de la fosa. Se alcanza a ver que uno de los cadáveres sobresale sobre los demás restos. Llama la atención la actitud de dos misteriosos personajes que están más atentos a la cámara y que, por su actitud, y según los testimonios del periodista y el fotógrafo holandés, parecían estar supervisando la actividad.
Fotografía: Harry van der Aart-Exclusivo SEMANA
En esta fotografía se observan dos personajes transportando el cuerpo de un hombre. Se alcanza a ver que el cadáver no está descompuesto, lo que quiere decir que posiblemente no lleva mucho tiempo muerto. Llaman la atención varios orificios de bala en el hombro, el tórax y la pierna. El cuerpo presenta lo que se conoce como ‘tatuaje’, que básicamente son restos de pólvora que evidencian que los disparos pudieron ser a corta distancia. Se ven trozos de ropa ensangrentada sobre el cuerpo. En los registros oficiales de los cementerios de Bogotá no existe aviso alguno del entierro de un NN el 22 de enero de 1986, día que fue tomada esta foto.
Fotografía: Harry van der Aart-Exclusivo SEMANA
Este es uno de los dos vehículos que llegaron al Cementerio del Sur en la mañana del 22 de enero de 1986 transportando cuerpos. En la foto se observa que el carro está muy deteriorado y no tiene ningún tipo de identificación oficial, como por ejemplo de Medicina Legal. La placa es de particular y corresponde a un carro de 1952, lo que no cuadra con el modelo de la camioneta, que es de los años 40. En la foto se alcanzan a divisar por lo menos cuatro cuerpos y un balde.
Fotografía: Harry van der Aart-Exclusivo SEMANA
Esta fotografía fue tomada el 22 de enero de 1986 a las 8 de la mañana en el Cementerio Sur de Bogotá. Se observa un hueco y en el fondo de este se pueden ver varios cuerpos que han sido arrojados. Dos hombres, vestidos con batas, se preparan para arrojar otro cadáver. A la izquierda se ven dos funcionarios del cementerio que observan la macabra escena. Al fondo de la imagen, parado sobre un montículo, se ve un misterioso hombre vestido de traje y con un sombrero, que parece supervisar lo que está ocurriendo. Curiosamente, en los archivos no hay registros oficiales sobre inhumaciones realizadas el 22 ó 23 de enero de 1986 en alguno de los cementerios de Bogotá. La actividad que está registrada en esta foto no contaba con el permiso de autoridades como Medicina Legal.
Fotografía: Harry van der Aart-Exclusivo SEMANA
Así luce hoy el lugar exacto en donde estaba la fosa a la cual fueron arrojados los cuerpos el 22 de enero de 1986. El sitio está cubierto de maleza y en él se planea hacer un parque infantil.Mentiras y videos
Tomado de Revista Semana
Durante 22 años, Ana María Bidegain esperó que la justicia valorara el video donde aparecía con vida su marido Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
El magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán: Salió vivo del Palacio de Justicia
La justicia es ciega, dice el refrán popular. Y en los primeros 21 años de las investigaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia, las autoridades judiciales hicieron hasta lo imposible por aplicar literalmente esa frase. Incluso contradijeron a Santo Tomás, porque ni viendo creyeron.
La familia del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, dijo desde los primeros días que las imágenes de la televisión de la sangrienta toma del M-19 demostraban que él había salido vivo. Hoy la Fiscalía comparte esa apreciación. Algo parecido ocurre con Cristina de Pilar Guarín. Sus familiares la han identificado como una de los sobrevivientes que aparecen en los videos de la época. Y aunque en su momento las autoridades judiciales desestimaron esa afirmación, la Fiscalía de ahora le ha otorgado la importancia y la dedicación que merece esa declaración.
La familia del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, dijo desde los primeros días que las imágenes de la televisión de la sangrienta toma del M-19 demostraban que él había salido vivo. Hoy la Fiscalía comparte esa apreciación. Algo parecido ocurre con Cristina de Pilar Guarín. Sus familiares la han identificado como una de los sobrevivientes que aparecen en los videos de la época. Y aunque en su momento las autoridades judiciales desestimaron esa afirmación, la Fiscalía de ahora le ha otorgado la importancia y la dedicación que merece esa declaración.
Hace dos semanas Ana María Bidegain, viuda del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, también confirmó que no estaba loca. Que la persona que vio salir cojeando y sin camisa del Palacio sí era su marido. Que esa imagen del 7 de noviembre de 1985 no era producto de su imaginación sino la certeza de una mujer que llevaba casada 14 años con el padre de sus cuatro hijas.
Ese miércoles del mes pasado, Ana María pudo volver a ver ese video y corroborar su convicción íntima de que las autoridades de la época no le habían contado la verdad sobre las circunstancias de la muerte de Carlos Horacio. Por eso no dudó en manifestárselo así a la fiscal del caso. La mayoría de los colombianos también quedaron convencidos, luego que Noticias Uno, en una primicia periodística, emitió el video en su emisión del pasado domingo en la noche.
Increíblemente, no es el único video. SEMANA conoció que hay una imagen del noticiero aún más nítida -encontrada en la casa del coronel retirado Alfonso Plazas- y que confirmaría de que el magistrado auxiliar de 43 años, una de las promesas de su generación, emergió con vida del Palacio. Si la Fiscalía dictamina ese hecho como cierto -y se espera una decisión en las próximas semanas-, su impacto sobre la historia oficial del holocausto tendría alcances insospechados. Las preguntas de la Fiscalía han ido in crescendo desde que descubrió este año dos 'guacas' de información en inspecciones judiciales en las bóvedas del B2 de la Brigada 13 y en la casa del coronel Plazas.
En la primera, además de encontrar la billetera y papeles personales del magistrado auxiliar, se hallaron varios documentos oficiales, pero inéditos, sobre el Palacio. El que más eco ha tenido hasta ahora en la opinión pública es una lista de guerrilleros muertos, en la que aparecen asombrosamente tanto Urán como el magistrado de la Corte Suprema, Manuel Gaona. SEMANA conoció que también están los nombres de los magistrados auxiliares Luz Stella Bernal y Lisandro Romero, colegas de Urán en el Consejo de Estado. En la segunda 'guaca' encontrada en la casa de Plazas, los investigadores de la Fiscalía quedaron sorprendidos con un material fílmico de la toma que tenía el ex coronel. Varios de los videos eran de mucho mejor calidad de los que conocía la Fiscalía; parecían originales.
No es la primera vez que la Fiscalía se ve a gatas para revisar documentos originales. En los meses iniciales después de que se reabrió la investigación por los desaparecidos, los fiscales tuvieron que revisar los expedientes del caso microfilmados. Con el tiempo, afortunadamente, aparecieron las copias en papel.
Después de 22 años y pico de preguntas sin respuestas, Ana María Bidegain, una uruguaya de nacimiento y colombiana de corazón, espera que la verdad de su marido no se extravíe como el famoso video que estuvo perdido todo este tiempo. Por lo menos tiene la sensación de que esta vez los ojos de la justicia no están vendados.
El testimonio fue tan aterrador como sorpresivo. Hace unos meses se presentó a la Fiscalía un señor que quería compartir con la justicia los 20 días de infierno que vivió en noviembre de 1985 en manos de militares colombianos. Había sido detenido el 7 de ese mes en Zipaquirá, como parte de las operaciones que adelantó la Fuerza Pública para buscar posibles cómplices de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Se le acusó de ser el responsable del ingreso de las armas que utilizaron los guerrilleros. Fue llevado a las caballerizas de la Brigada XIII y allí lo torturaron. En su relato ante la justicia describió cómo le pusieron "cables eléctricos en los genitales" para que confesara su participación. No pudo, a pesar del dolor, ya que era ajeno al hecho. Después de casi tres semanas, sus interrogadores aceptaron su versión, no sin antes advertirle que si los denunciaba, su vida no valdría "ni tres pesos". Le reiteraron esa amenaza en los meses siguientes. Sabían dónde vivía y quiénes eran sus familiares. Ante eso, optó por el silencio. Decidió contar su historia cuando vio que por primera vez -22 años después de la tragedia- la justicia parecía por fin interesada en investigar a fondo las actuaciones de la Fuerza Pública.
Ese testimonio es apenas una de las pruebas avaladas por la Fiscalía General que sirvieron como base para ordenar la captura del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por su presunta corresponsabilidad en la desaparición forzada de dos ciudadanos colombianos: la guerrillera Irma Franco y el civil Carlos Rodríguez. Sobre Cristina del Pilar Guarín, otra desaparecida, aplazó la determinación para cotejar una nueva prueba de reconocimiento. La Fiscalía ha logrado comprobar que esas personas salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron llevadas por soldados a la Casa del Florero. Todo está contenido en una providencia de más de 150 páginas a la cual SEMANA tuvo acceso. Hay testimonios inéditos, documentos oficiales reveladores y declaraciones de testigos que durante años fueron sepultadas en los polvorientos archivos de la impunidad, pero que hoy la justicia valora de una manera muy diferente.
La providencia es explosiva: habla de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y pone en tela de juicio la historia oficial de esos dos días que estremecieron a Colombia. Cuenta cómo desde antes la Fuerza Pública sabía de la toma. Cómo se inició el incendio que arrasó el edificio. Presenta su propia interpretación de por qué la retoma se hizo de una manera tan avasalladora. Cuestiona con documentos y otras evidencias la afirmación del gobierno y de los militares de que se hizo todo lo posible para proteger las vidas de los rehenes. Fue, según la Fiscalía, más una acción de aniquilamiento que una operación de rescate. Explica en blanco y negro cómo era el manejo de los detenidos y no deja dudas sobre las desapariciones.
Cada afirmación de la providencia está sustentada en documentos, testimonios y otros elementos probatorios. Aplicando el sentido común -el que busca encuentra-, la Fiscalía se embarcó a escarbar durante dos años cada rincón de las guarniciones y oficinas militares. A revisar declaración tras declaración. Y descubrió de todo. SEMANA reconstruyó los principales hallazgos de la Fiscalía.
Un primer dato sorprendente: desde agosto de 1985 -tres meses antes de la toma-, los organismos de inteligencia sabían que el M-19 planeaba una operación contra el Palacio de Justicia, el Congreso o el Palacio de Nariño. Esto desmiente la versión oficial de que el Ejército sólo se enteró en octubre cuando recibieron un anónimo y capturaron a unos guerrilleros con planos del Palacio de Justicia. En sus averiguaciones, la Fiscalía encontró que el Ejército conocía mucho más del operativo guerrillero que lo que ha aceptado públicamente y esto fue compartido entre sus fuerzas. En otras palabras, hubo tiempo para preparar una respuesta militar a una eventual acción del M-19.
Uno de los grandes interrogantes del Palacio es por qué fue tan burda la operación de retoma, si la Fuerza Pública tenía tanta información de antemano. Según la providencia de la Fiscalía, la exageración del uso de la fuerza tiene sus orígenes en esa guerra a muerte que le había declarado el Ejército al M-19, en particular desde el robo de armas del Cantón Norte en 1979, y agravado a través de los años. Los guerrilleros, incluso, intentaron matar al comandante del Ejército, Rafael Samudio, semanas antes de la operación.
En el denominado 'Plan Tricolor' de la Fuerzas Militares, que fue activado ese 6 de noviembre, la directiva era clara ante cualquier acción guerrillera: "No podrán concederse treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones". Según se desprende de las pruebas y los documentos recopilados por la Fiscalía, había una decisión desde las más altas esferas de eliminar por cualquier medio al M-19. Como le dijo a la justicia un soldado que participó en la recuperación del Palacio, "la orden era acabar con lo que hubiera adentro".
En una oficina del Palacio de Justicia se encontraban dos guerrilleros gravemente heridos y desarmados. Según una empleada de aseo, "los soldados les dijeron a los dos muchachos que se pararan. Uno de ellos, el que estaba herido en la espalda, le dijo 'compa, yo no me puedo parar, ayúdame'. Y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros".
La Fiscalía también ha encontrado evidencia de que el Ejército y la Policía utilizaron medios (tanques, armas, granadas) que incrementaron el riesgo de muerte de civiles. Cuestiona, en particular, el bombardeo de la fachada del Palacio, que, según concluyó un juez penal militar, fue "para evitar el sofocamiento (por el humo del incendio) de las personas que se encontraban en el recinto". Para la Fiscalía, el objetivo era único: apoyar las acciones de las tropas en el interior.
La providencia de la Fiscalía refuta otra conclusión de la justicia penal militar: que los rockets y explosivos fueron utilizados para "lograr la evacuación sin lesionar con ello a los rehenes". Un testimonio, en particular, impactó a la Fiscalía. Fue tomado de uno de los sobrevivientes del baño entre el segundo y el cuarto piso del Palacio y aunque se conoce desde la primera investigación de los años 80, sólo ahora es valorado en su verdadera dimensión por la justicia.
"Los magistrados habían optado por llegar a la puerta. Gritaban quiénes eran y pedían que cesaran los disparos. Sus gritos iban dirigidos al Ejército", dijo Héctor Darío Correa, de la Sala Constitucional de la Corte. Incluso uno de ellos decía que tenía cinco hijos y rogaba que no lo mataran. "Algo explotó y dejó un boquete en una de las paredes. Por allí entró una granada, que dio exactamente en los pies del magistrado que gritaba que no lo mataran", afirmó el jurista.
Para la Fiscalía, que revisó miles de documentos militares, el accionar de la Fuerza Pública iba en línea con las directrices de sus comandantes. Había que derrotar al enemigo como fuera. Cada unidad tenía explícitas sus funciones. Y esto se aplicó al pie de la letra en la operación de retoma del Palacio, incluido en el trato de los detenidos. Durante años, el coronel Plazas buscó minimizar ante la justicia su participación en el operativo y negó tajantemente que tuviera algo que ver con el manejo de las personas que salieron con vida del Palacio.
Con base en testimonios y escritos oficiales, la Fiscalía pudo comprobar que el coronel Plazas jugó un papel fundamental en la elaboración de la lista de los detenidos e incluso en las entrevistas de los mismos en la Casa del Florero. Y por ende, sería responsable de aquellos que llegaron allí y luego desaparecieron.
La Fiscalía tiene certeza de que una de esas personas fue la guerrillera Irma Franco. Más de 40 personas la vieron con vida y detenida en el segundo piso de esa casa. Incluso se encontró un documento en las bóvedas del B-2 que, según la Fiscalía, contendría información entregada por Franco a los militares.
Igual convicción tiene sobre Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, quien es visto en un video de la televisión española, y de Cristina del Pilar Guarín, quien también aparece en imágenes y ha sido reconocida por sus familiares. Pero las pruebas van más allá. El soldado Yesid Cardona, cuya declaración se había extraviado, volvió a presentarse ante la justicia este año y contó que de la cafetería "saqué como 10 personas. Porque no había muertos ni heridos. Todos estaban vivos. Estaba una señora que era empleada de la cafetería con el señor que era el administrador. Yo los entregué por la puerta del tanque para que los llevaran a la Casa del Museo del Florero".
Según estableció la Fiscalía, todas las personas que trabajaban en la Casa del Florero sabían que en el segundo piso estaban los sospechosos. Un abogado que fue detenido por unos días dijo que él estuvo allí con al menos otras seis personas. Todos fueran llevados después a la brigada donde "hicieron varios interrogatorios". No fueron los únicos.
En su providencia, la Fiscalía afirma que "muchas personas fueron enviadas a la Brigada XIII y en particular al B-2 y a la Escuela de Caballería y no fueron remitidas mediante escrito. Ocultaron y desaparecieron a estas personas hasta el día de hoy en que no se sabe su paradero, ni realmente qué sucedió con ellas". Por muchos años, los militares negaron la presencia de detenidos en la brigada y utilizaron como prueba que no existía registro alguno de ellos.
La Fiscalía también acepta como ciertas las denuncias de torturas de varias personas en una edificación de esa brigada, por ser parte del modus operandi del momento. El mismo comandante de las Fuerzas Militares de entonces, el general Rafael Samudio, le reconoció a la Fiscalía que eran otras épocas. "No existían los procedimientos o las regulaciones que se han dado posteriormente. Como, por ejemplo, que los interrogatorios no los deben practicar encapuchados, que debe estar presente un agente del Ministerio Público", dijo Samudio. Dada la gravedad de las denuncias y por ser la tortura un delito de lesa humanidad, en la providencia se compulsan copias a otro fiscal para que determine si se amerita o no la apertura de una nueva investigación?.
También hay pruebas de que el incendio del Palacio se produjo por un disparo, posiblemente de un rocket lanzado desde la plaza y que encendió la biblioteca. La responsabilidad del incendio ha sido una de las grandes preguntas del holocausto -desde el primer momento se acusó a la guerrilla del hecho- y, sin duda, la versión de la Fiscalía generará un nuevo debate.
Pero posiblemente ninguno como el que se produciría si se confirmaran plenamente la autenticidad y el alcance de un documento que la Fiscalía halló en sus múltiples pesquisas. Es un memorial sin firma del coronel Plazas, dirigido a su superior, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército. En él, el coronel hace un informe detallado de la operación de retoma del Palacio y al final -bajo el título 'Estrategia política'- plantea cómo había que comunicarle al pueblo colombiano los hechos. Según conoció SEMANA, recomienda hacer énfasis en la relación del narcotráfico con el M-19.
Aunque la Fiscalía ha confirmado con otras pruebas la mayoría del contenido del documento y Plazas lo ha calificado de "borrador", el coronel ha negado la parte final del mismo.
Plazas no es el único detenido. Se encuentran también privados de la libertad el coronel retirado Edilberto Sánchez, el mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos retirados Luis Fernando Nieto y Antonio Rubai Jiménez. La Fiscalía ya cerró la investigación contra Sánchez, quien como comandante del B-2 de la Brigada XIII, era el principal responsable de la Casa del Florero.
Pero sin duda el caso de Plazas ha generado mayor interés, posiblemente porque los colombianos aún recuerdan su frase -"estoy defendiendo la democracia, maestro"-.
En menos de dos años, la Fiscalía General de Mario Iguarán ha avanzado más que todos sus antecesores en el esfuerzo por conocer la verdad del Palacio. Ha contado con el respaldo incluso del alto mando militar, que ha facilitado el acceso de los investigadores judiciales a todas sus instalaciones. Parecería que por fin hay una luz al final del túnel de esa pesadilla nacional.
Tomado de: Periódico El Tiempo
Foto: Archivo Particular
A Yolanda la conocí en 1997 y solo hasta hace una semana me contó en detalle el hecho que le cambió la vida para siempre: la toma del Palacio de Justicia, el miércoles 6 de noviembre de 1985, por parte de un comando del M-19.
Información adicional:
- "Es posible que haya habido desaparecidos", dice Plazas Vega.
- Vinculan a Belisario Betancur y a los generales del Ejército a la investigación.
- Sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, afirma la Comisión de la Verdad.
- Plazas Vega sigue dilatando el juicio y cronología de los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia y los desaparecidos y ejecutados por el Ejército de Colombia.
- PAGINA WEB DE LA COMISION DE LA VERDAD DEL PALACIO DE JUSTICIA.
Ese miércoles del mes pasado, Ana María pudo volver a ver ese video y corroborar su convicción íntima de que las autoridades de la época no le habían contado la verdad sobre las circunstancias de la muerte de Carlos Horacio. Por eso no dudó en manifestárselo así a la fiscal del caso. La mayoría de los colombianos también quedaron convencidos, luego que Noticias Uno, en una primicia periodística, emitió el video en su emisión del pasado domingo en la noche.
Increíblemente, no es el único video. SEMANA conoció que hay una imagen del noticiero aún más nítida -encontrada en la casa del coronel retirado Alfonso Plazas- y que confirmaría de que el magistrado auxiliar de 43 años, una de las promesas de su generación, emergió con vida del Palacio. Si la Fiscalía dictamina ese hecho como cierto -y se espera una decisión en las próximas semanas-, su impacto sobre la historia oficial del holocausto tendría alcances insospechados. Las preguntas de la Fiscalía han ido in crescendo desde que descubrió este año dos 'guacas' de información en inspecciones judiciales en las bóvedas del B2 de la Brigada 13 y en la casa del coronel Plazas.
En la primera, además de encontrar la billetera y papeles personales del magistrado auxiliar, se hallaron varios documentos oficiales, pero inéditos, sobre el Palacio. El que más eco ha tenido hasta ahora en la opinión pública es una lista de guerrilleros muertos, en la que aparecen asombrosamente tanto Urán como el magistrado de la Corte Suprema, Manuel Gaona. SEMANA conoció que también están los nombres de los magistrados auxiliares Luz Stella Bernal y Lisandro Romero, colegas de Urán en el Consejo de Estado. En la segunda 'guaca' encontrada en la casa de Plazas, los investigadores de la Fiscalía quedaron sorprendidos con un material fílmico de la toma que tenía el ex coronel. Varios de los videos eran de mucho mejor calidad de los que conocía la Fiscalía; parecían originales.
No es la primera vez que la Fiscalía se ve a gatas para revisar documentos originales. En los meses iniciales después de que se reabrió la investigación por los desaparecidos, los fiscales tuvieron que revisar los expedientes del caso microfilmados. Con el tiempo, afortunadamente, aparecieron las copias en papel.
Después de 22 años y pico de preguntas sin respuestas, Ana María Bidegain, una uruguaya de nacimiento y colombiana de corazón, espera que la verdad de su marido no se extravíe como el famoso video que estuvo perdido todo este tiempo. Por lo menos tiene la sensación de que esta vez los ojos de la justicia no están vendados.
¿Crimen de Estado?
Tomado de Revista SemanaEl testimonio fue tan aterrador como sorpresivo. Hace unos meses se presentó a la Fiscalía un señor que quería compartir con la justicia los 20 días de infierno que vivió en noviembre de 1985 en manos de militares colombianos. Había sido detenido el 7 de ese mes en Zipaquirá, como parte de las operaciones que adelantó la Fuerza Pública para buscar posibles cómplices de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Se le acusó de ser el responsable del ingreso de las armas que utilizaron los guerrilleros. Fue llevado a las caballerizas de la Brigada XIII y allí lo torturaron. En su relato ante la justicia describió cómo le pusieron "cables eléctricos en los genitales" para que confesara su participación. No pudo, a pesar del dolor, ya que era ajeno al hecho. Después de casi tres semanas, sus interrogadores aceptaron su versión, no sin antes advertirle que si los denunciaba, su vida no valdría "ni tres pesos". Le reiteraron esa amenaza en los meses siguientes. Sabían dónde vivía y quiénes eran sus familiares. Ante eso, optó por el silencio. Decidió contar su historia cuando vio que por primera vez -22 años después de la tragedia- la justicia parecía por fin interesada en investigar a fondo las actuaciones de la Fuerza Pública.
La providencia es explosiva: habla de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y pone en tela de juicio la historia oficial de esos dos días que estremecieron a Colombia. Cuenta cómo desde antes la Fuerza Pública sabía de la toma. Cómo se inició el incendio que arrasó el edificio. Presenta su propia interpretación de por qué la retoma se hizo de una manera tan avasalladora. Cuestiona con documentos y otras evidencias la afirmación del gobierno y de los militares de que se hizo todo lo posible para proteger las vidas de los rehenes. Fue, según la Fiscalía, más una acción de aniquilamiento que una operación de rescate. Explica en blanco y negro cómo era el manejo de los detenidos y no deja dudas sobre las desapariciones.
Cada afirmación de la providencia está sustentada en documentos, testimonios y otros elementos probatorios. Aplicando el sentido común -el que busca encuentra-, la Fiscalía se embarcó a escarbar durante dos años cada rincón de las guarniciones y oficinas militares. A revisar declaración tras declaración. Y descubrió de todo. SEMANA reconstruyó los principales hallazgos de la Fiscalía.
El Ejército sabía que se venía una toma
Un primer dato sorprendente: desde agosto de 1985 -tres meses antes de la toma-, los organismos de inteligencia sabían que el M-19 planeaba una operación contra el Palacio de Justicia, el Congreso o el Palacio de Nariño. Esto desmiente la versión oficial de que el Ejército sólo se enteró en octubre cuando recibieron un anónimo y capturaron a unos guerrilleros con planos del Palacio de Justicia. En sus averiguaciones, la Fiscalía encontró que el Ejército conocía mucho más del operativo guerrillero que lo que ha aceptado públicamente y esto fue compartido entre sus fuerzas. En otras palabras, hubo tiempo para preparar una respuesta militar a una eventual acción del M-19.
Uno de los grandes interrogantes del Palacio es por qué fue tan burda la operación de retoma, si la Fuerza Pública tenía tanta información de antemano. Según la providencia de la Fiscalía, la exageración del uso de la fuerza tiene sus orígenes en esa guerra a muerte que le había declarado el Ejército al M-19, en particular desde el robo de armas del Cantón Norte en 1979, y agravado a través de los años. Los guerrilleros, incluso, intentaron matar al comandante del Ejército, Rafael Samudio, semanas antes de la operación.
"La orden era acabar con todo"
En el denominado 'Plan Tricolor' de la Fuerzas Militares, que fue activado ese 6 de noviembre, la directiva era clara ante cualquier acción guerrillera: "No podrán concederse treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones". Según se desprende de las pruebas y los documentos recopilados por la Fiscalía, había una decisión desde las más altas esferas de eliminar por cualquier medio al M-19. Como le dijo a la justicia un soldado que participó en la recuperación del Palacio, "la orden era acabar con lo que hubiera adentro".
En una oficina del Palacio de Justicia se encontraban dos guerrilleros gravemente heridos y desarmados. Según una empleada de aseo, "los soldados les dijeron a los dos muchachos que se pararan. Uno de ellos, el que estaba herido en la espalda, le dijo 'compa, yo no me puedo parar, ayúdame'. Y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros".
La retoma violenta del Palacio estaba calculada
La Fiscalía también ha encontrado evidencia de que el Ejército y la Policía utilizaron medios (tanques, armas, granadas) que incrementaron el riesgo de muerte de civiles. Cuestiona, en particular, el bombardeo de la fachada del Palacio, que, según concluyó un juez penal militar, fue "para evitar el sofocamiento (por el humo del incendio) de las personas que se encontraban en el recinto". Para la Fiscalía, el objetivo era único: apoyar las acciones de las tropas en el interior.
La providencia de la Fiscalía refuta otra conclusión de la justicia penal militar: que los rockets y explosivos fueron utilizados para "lograr la evacuación sin lesionar con ello a los rehenes". Un testimonio, en particular, impactó a la Fiscalía. Fue tomado de uno de los sobrevivientes del baño entre el segundo y el cuarto piso del Palacio y aunque se conoce desde la primera investigación de los años 80, sólo ahora es valorado en su verdadera dimensión por la justicia.
"Los magistrados habían optado por llegar a la puerta. Gritaban quiénes eran y pedían que cesaran los disparos. Sus gritos iban dirigidos al Ejército", dijo Héctor Darío Correa, de la Sala Constitucional de la Corte. Incluso uno de ellos decía que tenía cinco hijos y rogaba que no lo mataran. "Algo explotó y dejó un boquete en una de las paredes. Por allí entró una granada, que dio exactamente en los pies del magistrado que gritaba que no lo mataran", afirmó el jurista.
Para la Fiscalía, que revisó miles de documentos militares, el accionar de la Fuerza Pública iba en línea con las directrices de sus comandantes. Había que derrotar al enemigo como fuera. Cada unidad tenía explícitas sus funciones. Y esto se aplicó al pie de la letra en la operación de retoma del Palacio, incluido en el trato de los detenidos. Durante años, el coronel Plazas buscó minimizar ante la justicia su participación en el operativo y negó tajantemente que tuviera algo que ver con el manejo de las personas que salieron con vida del Palacio.
"Plazas tuvo el control de la operación final"
Con base en testimonios y escritos oficiales, la Fiscalía pudo comprobar que el coronel Plazas jugó un papel fundamental en la elaboración de la lista de los detenidos e incluso en las entrevistas de los mismos en la Casa del Florero. Y por ende, sería responsable de aquellos que llegaron allí y luego desaparecieron.
La Fiscalía tiene certeza de que una de esas personas fue la guerrillera Irma Franco. Más de 40 personas la vieron con vida y detenida en el segundo piso de esa casa. Incluso se encontró un documento en las bóvedas del B-2 que, según la Fiscalía, contendría información entregada por Franco a los militares.
Igual convicción tiene sobre Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, quien es visto en un video de la televisión española, y de Cristina del Pilar Guarín, quien también aparece en imágenes y ha sido reconocida por sus familiares. Pero las pruebas van más allá. El soldado Yesid Cardona, cuya declaración se había extraviado, volvió a presentarse ante la justicia este año y contó que de la cafetería "saqué como 10 personas. Porque no había muertos ni heridos. Todos estaban vivos. Estaba una señora que era empleada de la cafetería con el señor que era el administrador. Yo los entregué por la puerta del tanque para que los llevaran a la Casa del Museo del Florero".
Las torturas y las desapariciones
Según estableció la Fiscalía, todas las personas que trabajaban en la Casa del Florero sabían que en el segundo piso estaban los sospechosos. Un abogado que fue detenido por unos días dijo que él estuvo allí con al menos otras seis personas. Todos fueran llevados después a la brigada donde "hicieron varios interrogatorios". No fueron los únicos.
En su providencia, la Fiscalía afirma que "muchas personas fueron enviadas a la Brigada XIII y en particular al B-2 y a la Escuela de Caballería y no fueron remitidas mediante escrito. Ocultaron y desaparecieron a estas personas hasta el día de hoy en que no se sabe su paradero, ni realmente qué sucedió con ellas". Por muchos años, los militares negaron la presencia de detenidos en la brigada y utilizaron como prueba que no existía registro alguno de ellos.
La Fiscalía también acepta como ciertas las denuncias de torturas de varias personas en una edificación de esa brigada, por ser parte del modus operandi del momento. El mismo comandante de las Fuerzas Militares de entonces, el general Rafael Samudio, le reconoció a la Fiscalía que eran otras épocas. "No existían los procedimientos o las regulaciones que se han dado posteriormente. Como, por ejemplo, que los interrogatorios no los deben practicar encapuchados, que debe estar presente un agente del Ministerio Público", dijo Samudio. Dada la gravedad de las denuncias y por ser la tortura un delito de lesa humanidad, en la providencia se compulsan copias a otro fiscal para que determine si se amerita o no la apertura de una nueva investigación?.
“Entregué al administrador de la cafetería (CARLOS RODRIGUEZ) para que lo llevaran a la casa del MUSEO DEL FLORERO”, dijo un soldado.
Cristina del Pilar Guarín, que también trabajaba en cafetería, fue reconocida por sus familiares.
Según pruebas recopiladas por la Fiscalía, varios detenidos por el Palacio de Justicia fueron enviados a la Brigada XIII y la Escuela de Caballería. Hay relatos escalofriantes de torturas a las que fueron sometidos muchos de ellos.
Hubo encubrimiento de la Fuerza Pública
Cuando la Comisión de la Verdad entregó su primer informe, a finales del año pasado, una de sus más llamativas observaciones fue su crítica al Ejército por no haber permitido un fácil y rápido acceso de las autoridades judiciales al edificio. Incluso describió manipulación de cuerpos y del sitio, entre otras acciones. La investigación de la Fiscalía no sólo apoya esa afirmación, sino que agrega elementos nuevos y preocupantes. Según la Fiscalía, hay evidencia de que el Ejército utilizó munición que le decomisó a la guerrilla durante la operación. Y curiosamente, los informes de inteligencia de la brigada sobre el M-19, de agosto a diciembre de 1985, desaparecieron.También hay pruebas de que el incendio del Palacio se produjo por un disparo, posiblemente de un rocket lanzado desde la plaza y que encendió la biblioteca. La responsabilidad del incendio ha sido una de las grandes preguntas del holocausto -desde el primer momento se acusó a la guerrilla del hecho- y, sin duda, la versión de la Fiscalía generará un nuevo debate.
Pero posiblemente ninguno como el que se produciría si se confirmaran plenamente la autenticidad y el alcance de un documento que la Fiscalía halló en sus múltiples pesquisas. Es un memorial sin firma del coronel Plazas, dirigido a su superior, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército. En él, el coronel hace un informe detallado de la operación de retoma del Palacio y al final -bajo el título 'Estrategia política'- plantea cómo había que comunicarle al pueblo colombiano los hechos. Según conoció SEMANA, recomienda hacer énfasis en la relación del narcotráfico con el M-19.
Aunque la Fiscalía ha confirmado con otras pruebas la mayoría del contenido del documento y Plazas lo ha calificado de "borrador", el coronel ha negado la parte final del mismo.
Plazas no es el único detenido. Se encuentran también privados de la libertad el coronel retirado Edilberto Sánchez, el mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos retirados Luis Fernando Nieto y Antonio Rubai Jiménez. La Fiscalía ya cerró la investigación contra Sánchez, quien como comandante del B-2 de la Brigada XIII, era el principal responsable de la Casa del Florero.
Pero sin duda el caso de Plazas ha generado mayor interés, posiblemente porque los colombianos aún recuerdan su frase -"estoy defendiendo la democracia, maestro"-.
En menos de dos años, la Fiscalía General de Mario Iguarán ha avanzado más que todos sus antecesores en el esfuerzo por conocer la verdad del Palacio. Ha contado con el respaldo incluso del alto mando militar, que ha facilitado el acceso de los investigadores judiciales a todas sus instalaciones. Parecería que por fin hay una luz al final del túnel de esa pesadilla nacional.
Testimonio de sobreviviente del Palacio de Justicia afirma que vio vivos a los desaparecidos de la cafetería
Se trata de una estudiante de Derecho, víctima de los abusos de organismos de seguridad hace 23 años. Relato exclusivo de ADN Colombia.
Tomado de: Periódico El Tiempo
Foto: Archivo Particular
En esta foto aparece Eduardo Matzon con los brazos sobre su cabeza. Atrás, Yolanda Santodomingo, cuando eran sacados del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre.
A Yolanda la conocí en 1997 y solo hasta hace una semana me contó en detalle el hecho que le cambió la vida para siempre: la toma del Palacio de Justicia, el miércoles 6 de noviembre de 1985, por parte de un comando del M-19.
Yolanda Santodomingo Albericci había llegado ese día bien temprano a la Universidad Externado de Colombia, a ocho cuadras de la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Tenía 20 años, hacía cuarto año de Derecho y era de las alumnas más brillantes en un centro docente del que eran profesores un buen número de magistrados y juristas de las altas cortes.
Estaba en temporada de exámenes y circunstancias especiales obligaron a que ella y sus compañeros de curso tuvieran que ir, hacia el mediodía, al Palacio de Justicia para presentar una prueba de práctica penal con Rafael Urrego, conjuez de la Sala Penal, que prefirió hacerla en su oficina ante las dificultades de tiempo.
Por la ocasión, Yolanda iba de sastre azul, más elegante que de costumbre.
Hubo algo que la obligó a irse más temprano hacia el Palacio: debía pasar primero por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, también en el centro, ante la expectativa de vincularse laboralmente.
Con Eduardo Matzon, un compañero de la facultad, fue hasta el Tribunal y de allí salieron para el Palacio, en donde aprovecharon para que él hiciera una tarea.
Poco antes de las 11:40 de la mañana, Yolanda decidió buscar de afán un baño y le indican que por los lados de la cafetería hay uno. Cuando llegó allí empezó la historia que se relata a continuación en la propia voz de su protagonista.
Yo sufría de cistitis y me daban muchas ganas de orinar. Eduardo ya había hecho su tarea.
Entonces le pedí que me acompañara a buscar un baño. Además quería tomar algo porque el calor era muy fuerte.
Bajamos al primer piso y buscamos la cafetería. Yo alcancé a entrar. Eduardo, no, porque iba detrás mío. Cuando de pronto se sintió un estruendo. Y en el fondo apareció una mujer apuntando y vociferando algo. Eduardo arrancó a correr y yo detrás de él. La gente de la cafetería se quedó petrificada. Eduardo era sobrino del Gobernador de Bolívar y su papá era magistrado.
Salimos corriendo de la cafetería y subimos por la escalera hacia el segundo piso. Un guerrillero gritó que era del M-19, que se iban a tomar el Palacio y que nos quedáramos quietos porque no se iban a demorar.
Más adelante encontramos a otro en el piso y herido. Olía a sangre. En menos de dos minutos había un cruce de fuego horrible y nunca paró. Era de afuera hacia adentro. Hoy, tantos años después, entiendo que los militares estaban esperando la toma.
'Papá no me lo va a creer', eso era lo que pensaba. Yo le decía a Eduardo que rezáramos. Y rezamos. Para entonces ya me había orinado. Tenía la falda untada de sangre del guerrillero y de orín.
No sé cuánto tiempo había pasado, pero seguía siendo de día. En un momento un civil nos gritó: "Pasen que yo les cubro". Eduardo me dijo: "Quédate tranquila que ya nos van a rescatar".
Nos llevaron a una oficina del segundo piso. Estaban unas 20 personas bien vestidas.
Allí había un vacío que comunicaba con el primer piso y deciden bajarnos.
A todos los de la oficina nos bajaron al primer piso. Y entonces entró un tipo que dijo: "Estos tres son especiales". Se refería a Eduardo, a mí y a un señor que dijo ser abogado de Legis. Fue cuando nos sacaron por la puerta principal. Por donde entré, salí. Pero lo que ocurrió adentro fue un paseo comparado con lo que nos tocó vivir afuera.
Me sacaron agarrada del pelo, con la pistola en la nuca. Ahí empezaron los 'cariñitos': "Corre perra hijueputa que hay un francotirador que te va a disparar. Corre, que si no te dispara él, te disparo yo".
El capitán que está en la foto me acompañó siempre. Él nos entregó en la entrada de la Casa del Florero.
Había mucha gente allí que yo acababa de ver en la cafetería y en la oficina. No había visto mucha gente más en el Palacio. Después, en una declaración, me preguntaron que cómo los reconocí. Y les dije: "Sencillo, por las ropas".
Me subieron al segundo piso y me dejaron en una esquina contra la pared y sentada. En las mismas condiciones estaba Eduardo. Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían "perra hijueputa, guerrillera".
Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas.
Estando ahí me vendaron y me llevaron para donde alguien para que me reconociera. Luego me dijeron que habían encontrado la cabeza de Rafael Urrego, mi profesor, y que él era de la guerrilla. Después dijeron que lo habían encontrado y que había dicho que no me conocía.
Nos preguntaban con quiénes estudiábamos desde el primer semestre. Les decíamos que le preguntaran a Maza Márquez, porque estudiábamos con uno de sus hijos. Que le preguntaran al ministro Parejo, amigo de mi papá.
Me sacaron de la Casa del Florero y me montaron en una camioneta. Al lado iban unos muchachos con uniforme de colegio militar y con fusiles.
Y subieron a Eduardo. Adelante iba el capitán que me había entregado en la Casa del Florero.
Nos llevaron para una dependencia de la Policía en la Caracas con segunda sur. Había unos ocho policías. Era de noche y teníamos que andar con la cabeza abajo. Nos pegaron culatazos y nos putearon. Allí nos hicieron la prueba del guantelete (para detectar pólvora) y al capitán le dijeron que había salido negativa. Pero él les respondió: "No importa".
De nuevo nos subieron a la camioneta y fuimos por carretera destapada más hacia el sur. A Eduardo lo acostaron en la silla y a mí me tiraron al piso. Llegamos a lo que después supe que era el Charry Solano (batallón de inteligencia).
Nos vendaron los ojos y nos bajaron de la camioneta. Hasta ahí todo el tiempo me decían que me iban a matar. Donde estábamos se oían gritos. "Lo que estás escuchando son personas que no han querido colaborar", me dijeron.
Me llevaron a lo que creí que era un cuarto, en donde oía cinco voces, una de esas de un hombre 'buena gente' que tenía voz de persona mayor, mientras las otras eran de jóvenes. Me acostaron en una cama, me esposaron los brazos a la cabecera, les dije que tenía frío y me arroparon.
De un momento a otro entró alguien y dijo que Eduardo ya había confesado. Y escuché la voz de un militar negro que había visto en la Casa del Florero.
Después el que parecía buena gente me dijo: "Yolanda, no ha pasado nada. Recuerde que estaban retenidos, no detenidos. Mañana pase por sus documentos".
Mi cédula que dejé en el casillero a la entrada del Palacio y que los militares me mostraron en la Casa del Florero volvió a mí. El general Miguel Vega Uribe se la entregó al senador Miguel Pinedo Vidal, amigo de mi papá.
'Simplemente me dañaron la vida'
Saliendo del umbral del cuarto me quitaron la venda. Afuera estaba el Nissan en el que nos habían transportado. Iban una mujer y dos tipos adelante. Y el buena gente atrás.
¿Por qué sé que era buena gente? Porque me ayudó a montar y me dio la mano. Y esa mano y esa voz fue la que sentí en un consultorio de Cajanal varios años después. Yo les había dicho que cuando nos volviéramos a encontrar no debían hablarme de frente porque no los iba a reconocer, que solo podría si los escuchaba de espaldas. Y me pasó otro día al salir de una oficina en Bogotá. Pasé por el lado de un hombre y me dijo: "Adiós Yolandita". Era la voz de uno de los torturadores.
Entonces, nos sacaron del Charry Solano y nos dejaron en la carrera décima en un sector donde hay un paredón con ladrillo rojo. Nos bajaron y nos dijeron que ya nos podemos ir.
De inmediato apareció un taxi viejo. Era raro que a esa hora, antes del amanecer, en un sitio tan solo apareciera un taxi.
Lo que pasó después con mi vida es el resultado de esta historia. Me siento con una pena en el alma. Simplemente me dañaron la vida. Me han amenazado y temo por mi vida. Y me dejó un temor reverencial a pronunciar posición alguna sobre política.
El caso está en manos de la Comisión Interamericana de DD.HH. Según el Colectivo de Abogados José Alvear, falta que el Estado responda.
Cuando lo haga la Comisión hará recomendaciones. Si no las cumple, pasará a la Corte Interamericana.
En la toma y retoma del Palacio de Justicia, que terminó el 7 de noviembre de 1985, murieron 43 civiles, 11 miembros de organismos de seguridad y guerrilleros. Fueron dados por desaparecidos 11 trabajadores de la cafetería y una guerrillera del M-19.
Por los hechos del Palacio de Justicia está detenido el coronel Alfonso Plazas Vega, quien ya está en etapa de juicio y hacia febrero próximo se conocerá la sentencia. Fue el oficial que comandó la retoma. Contra él pesa la acusación por la desaparición forzada de 11 personas, todos trabajadores de la cafetería.
El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2 de inteligencia militar de la Décimo Tercera Brigada, fue llamado a juicio, pero está libre por vencimiento de términos.
Están detenidos y en etapa de investigación los generales Iván Ramírez, entonces comandante de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, y Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Décimo Tercera Brigada.
Y se adelanta investigación contra el general retirado Rafael Samudio Molina, quien era para la época el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares.
Fernando Millán
Diario ADN Colombia
Tenía 20 años, hacía cuarto año de Derecho y era de las alumnas más brillantes en un centro docente del que eran profesores un buen número de magistrados y juristas de las altas cortes.
Estaba en temporada de exámenes y circunstancias especiales obligaron a que ella y sus compañeros de curso tuvieran que ir, hacia el mediodía, al Palacio de Justicia para presentar una prueba de práctica penal con Rafael Urrego, conjuez de la Sala Penal, que prefirió hacerla en su oficina ante las dificultades de tiempo.
Por la ocasión, Yolanda iba de sastre azul, más elegante que de costumbre.
Hubo algo que la obligó a irse más temprano hacia el Palacio: debía pasar primero por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, también en el centro, ante la expectativa de vincularse laboralmente.
Con Eduardo Matzon, un compañero de la facultad, fue hasta el Tribunal y de allí salieron para el Palacio, en donde aprovecharon para que él hiciera una tarea.
Poco antes de las 11:40 de la mañana, Yolanda decidió buscar de afán un baño y le indican que por los lados de la cafetería hay uno. Cuando llegó allí empezó la historia que se relata a continuación en la propia voz de su protagonista.
¿En dónde los cogió la toma?
Entonces le pedí que me acompañara a buscar un baño. Además quería tomar algo porque el calor era muy fuerte.
Bajamos al primer piso y buscamos la cafetería. Yo alcancé a entrar. Eduardo, no, porque iba detrás mío. Cuando de pronto se sintió un estruendo. Y en el fondo apareció una mujer apuntando y vociferando algo. Eduardo arrancó a correr y yo detrás de él. La gente de la cafetería se quedó petrificada. Eduardo era sobrino del Gobernador de Bolívar y su papá era magistrado.
'Mi papá no me lo va a creer'
Más adelante encontramos a otro en el piso y herido. Olía a sangre. En menos de dos minutos había un cruce de fuego horrible y nunca paró. Era de afuera hacia adentro. Hoy, tantos años después, entiendo que los militares estaban esperando la toma.
'Papá no me lo va a creer', eso era lo que pensaba. Yo le decía a Eduardo que rezáramos. Y rezamos. Para entonces ya me había orinado. Tenía la falda untada de sangre del guerrillero y de orín.
No sé cuánto tiempo había pasado, pero seguía siendo de día. En un momento un civil nos gritó: "Pasen que yo les cubro". Eduardo me dijo: "Quédate tranquila que ya nos van a rescatar".
Nos llevaron a una oficina del segundo piso. Estaban unas 20 personas bien vestidas.
Allí había un vacío que comunicaba con el primer piso y deciden bajarnos.
'En la Casa del Florero vi a algunos de la cafetería'
Me sacaron agarrada del pelo, con la pistola en la nuca. Ahí empezaron los 'cariñitos': "Corre perra hijueputa que hay un francotirador que te va a disparar. Corre, que si no te dispara él, te disparo yo".
El capitán que está en la foto me acompañó siempre. Él nos entregó en la entrada de la Casa del Florero.
Había mucha gente allí que yo acababa de ver en la cafetería y en la oficina. No había visto mucha gente más en el Palacio. Después, en una declaración, me preguntaron que cómo los reconocí. Y les dije: "Sencillo, por las ropas".
Me subieron al segundo piso y me dejaron en una esquina contra la pared y sentada. En las mismas condiciones estaba Eduardo. Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían "perra hijueputa, guerrillera".
Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas.
Estando ahí me vendaron y me llevaron para donde alguien para que me reconociera. Luego me dijeron que habían encontrado la cabeza de Rafael Urrego, mi profesor, y que él era de la guerrilla. Después dijeron que lo habían encontrado y que había dicho que no me conocía.
Nos preguntaban con quiénes estudiábamos desde el primer semestre. Les decíamos que le preguntaran a Maza Márquez, porque estudiábamos con uno de sus hijos. Que le preguntaran al ministro Parejo, amigo de mi papá.
Me sacaron de la Casa del Florero y me montaron en una camioneta. Al lado iban unos muchachos con uniforme de colegio militar y con fusiles.
Y subieron a Eduardo. Adelante iba el capitán que me había entregado en la Casa del Florero.
Nos llevaron para una dependencia de la Policía en la Caracas con segunda sur. Había unos ocho policías. Era de noche y teníamos que andar con la cabeza abajo. Nos pegaron culatazos y nos putearon. Allí nos hicieron la prueba del guantelete (para detectar pólvora) y al capitán le dijeron que había salido negativa. Pero él les respondió: "No importa".
De nuevo nos subieron a la camioneta y fuimos por carretera destapada más hacia el sur. A Eduardo lo acostaron en la silla y a mí me tiraron al piso. Llegamos a lo que después supe que era el Charry Solano (batallón de inteligencia).
Nos vendaron los ojos y nos bajaron de la camioneta. Hasta ahí todo el tiempo me decían que me iban a matar. Donde estábamos se oían gritos. "Lo que estás escuchando son personas que no han querido colaborar", me dijeron.
Me llevaron a lo que creí que era un cuarto, en donde oía cinco voces, una de esas de un hombre 'buena gente' que tenía voz de persona mayor, mientras las otras eran de jóvenes. Me acostaron en una cama, me esposaron los brazos a la cabecera, les dije que tenía frío y me arroparon.
De un momento a otro entró alguien y dijo que Eduardo ya había confesado. Y escuché la voz de un militar negro que había visto en la Casa del Florero.
Después el que parecía buena gente me dijo: "Yolanda, no ha pasado nada. Recuerde que estaban retenidos, no detenidos. Mañana pase por sus documentos".
Así terminaron más de 12 horas en ese infierno y las amenazas de los oficiales del Ejército de Colombia.
'Simplemente me dañaron la vida'
Saliendo del umbral del cuarto me quitaron la venda. Afuera estaba el Nissan en el que nos habían transportado. Iban una mujer y dos tipos adelante. Y el buena gente atrás.
¿Por qué sé que era buena gente? Porque me ayudó a montar y me dio la mano. Y esa mano y esa voz fue la que sentí en un consultorio de Cajanal varios años después. Yo les había dicho que cuando nos volviéramos a encontrar no debían hablarme de frente porque no los iba a reconocer, que solo podría si los escuchaba de espaldas. Y me pasó otro día al salir de una oficina en Bogotá. Pasé por el lado de un hombre y me dijo: "Adiós Yolandita". Era la voz de uno de los torturadores.
Entonces, nos sacaron del Charry Solano y nos dejaron en la carrera décima en un sector donde hay un paredón con ladrillo rojo. Nos bajaron y nos dijeron que ya nos podemos ir.
De inmediato apareció un taxi viejo. Era raro que a esa hora, antes del amanecer, en un sitio tan solo apareciera un taxi.
Lo que pasó después con mi vida es el resultado de esta historia. Me siento con una pena en el alma. Simplemente me dañaron la vida. Me han amenazado y temo por mi vida. Y me dejó un temor reverencial a pronunciar posición alguna sobre política.
La denuncia
Cuando lo haga la Comisión hará recomendaciones. Si no las cumple, pasará a la Corte Interamericana.
Las otras víctimas.
Militares ante el banquillo.
El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2 de inteligencia militar de la Décimo Tercera Brigada, fue llamado a juicio, pero está libre por vencimiento de términos.
Están detenidos y en etapa de investigación los generales Iván Ramírez, entonces comandante de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, y Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Décimo Tercera Brigada.
Y se adelanta investigación contra el general retirado Rafael Samudio Molina, quien era para la época el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares.
Fernando Millán
Diario ADN Colombia
Información adicional:
- "Es posible que haya habido desaparecidos", dice Plazas Vega.
- Vinculan a Belisario Betancur y a los generales del Ejército a la investigación.
- Sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, afirma la Comisión de la Verdad.
- Plazas Vega sigue dilatando el juicio y cronología de los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia y los desaparecidos y ejecutados por el Ejército de Colombia.
- PAGINA WEB DE LA COMISION DE LA VERDAD DEL PALACIO DE JUSTICIA.
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