viernes, marzo 06, 2009

Mas de 1400 jovenes asesinados por el Ejército Nacional de Colombia, crímenes en la impunidad

Más de una vez algún colega español, al enterarse de las atrocidades que sin cesar suceden en mi país, me han dicho:

- ¿Que se siente vivir en un país como Colombia?.
- Tu país huele a chamusquina chaval.
- ¿Que es lo que pasa en tu país macho?.

Bogotá Subterránea es un espacio publicado en blogspot que, en más de tres años de existencia, ha pretendido ser una ventana libre de censura para expresar la indignación de un colombiano que no soporta la degradación a la que ha llegado un sistema mal llamado "democracia colombiana" y una sociedad urbana amedrentada, conformista e insensible, que se ha vuelto cómplice de los asesinos.

Uno de los objetivos de éste espacio es poder llegar a los lectores españoles y españolas para que tengan una idea cierta de la realidad que sucede en Colombia. Esa realidad que los medios de comunicación ocultan por su conveniencia. Con la publicación del blog Bogotá Subterránea en El País se pretende dar respuesta a éstas preguntas.

En ésta primera entrada abordaremos el tema de las ejecuciones de jóvenes inocentes por parte del Ejército Nacional de Colombia, jóvenes que luego eran disfrazados de guerrilleros y presentados como bajas en combate. Esta fue una política impulsada por el propio presidente Alvaro Uribe Vélez con el objetivo demostrar a la opinión pública que se le estaba ganando la guerra a las guerrillas.

Durante años (Alvaro Uribe fue reelegido fraudulentamente en el año 2002) las cifras de bajas de la guerrillas aumentaban en forma exponencial, para júbilo de los medios de comunicación y de un sector de la sociedad colombiana, a tal punto que en el año 2006, según cálculos del mismo Ejército de Colombia, dada la cantidad de guerrilleros muertos, había en Colombia algo así como - 2000 (menos dos mil) guerrilleros. Sin embargo, familiares de los supuestos guerrilleros dados de baja y organizaciones No Gubernamentales venían denunciando que muchas de las bajas de las que hablaba el Ejército Nacional de Colombia no eran guerrilleros, sino civiles que aparecían con armas y uniformes de estos grupos armados. El muchas ocasiones los generales del Ejército de Colombia, y hasta el mismo Alvaro Uribe, señaló a estas organizaciones como aliadas de las guerrillas y en muchas cosas profirió amenazas e insultos en vivo y en directo, en sus "consejos comunales", que son transmitidos por televisión.

Finalmente, en octubre del año pasado, el escándalo estalló gracias a las innumerables denuncias de madres y familiares de las víctimas y al trabajo incesante de algunas organizaciones de derechos humanos que no cesaron en sus denuncias a pesar de las amenazas. Algunos de los jóvenes asesinados tenían retardo mental o eran reconocidos consumidores de drogas en los barrios en los que vivían. Pero NO eran guerrilleros.

Estos jóvenes, gente de bajos recursos, habitantes de los barrios marginales de las grandes ciudades, aparecían asesinados muy lejos de sus lugares de residencia, vestidos de guerrilleros y señalados como subversivos muertos en combate. Los familiares denunciaban que simplemente un día alguien les ofrecía un trabajo fuera de la ciudad, los muchachos accedían, se iban y no regresaban. Días después aparecían asesinados, vestidos de guerrilleros, a cientos de kilómetros de distancia de sus lugares de residencia.

Los generales del Ejército de Colombia salieron a desvirtuar las denuncias. Alvaro Uribe, furioso, salió por televisión a denunciar que todo era un montaje de las guerrillas y sus aliados de las ONG´s y que sin duda, si esos jóvenes habían sido dados de baja por el Ejéricto de Colombia, era porque "se lo merecían".

Sin embargo las denuncias eran ciertas. Como medida urgente para tapar el escándalo, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la destitución de unos cuantos generales y oficiales. Para ellos tan sólo fueron unos "casos aislados" y amenazó a quienes estaban denunciando que los "casos aislados" eran mas de mil. Hoy en día se sabe que los casos denunciados son mas de 1400, y la cifra sigue subiendo.

Esto sucedió en octubre de 2008. Con el tiempo y los sucesos aberrantes de la realidad colombiana, mas el lavado de cara (sucia de sangre) que dia a día ejercen los medios de comunicación al gobierno de Uribe, todo ha pasado al semi-olvido. Los militares señalados como responsables se encuentran en libertad, preparando sus defensas tranquilamente.

Sin embargo, hoy 6 de marzo de 2009, las madres y familiares de las víctimas han realizado una marcha por las calles de Bogotá, con el apoyo del grupo "Ciudadanos por la vida", un colectivo de personas de la sociedad civil que se han unido a través de Facebook con el objetivo de no dejar olvidar éstos terribles hechos y sobre todo, exigir justicia y claridad.

Estas son algunas imágenes y testimonios de los familiares de las víctimas en la marcha del 6 de marzo de 2009:



SI USTED, AMIGO ESPAÑOL, AMIGA ESPAÑOLA, QUIERE SENSIBILIZARSE CON ESTA CAUSA, ESTE ES EL ENLACE DEL GRUPO DE FACEBOOK, AL CUAL PUEDE UNIRSE:

Grupo de facebook: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=44339676626
Pagina web: www.nofalsospositivos.com

ASI MISMO LOS INVITAMOS A QUE DEN A CONOCER ESTE HECHO CON SUS AMIGOS, FAMILIARES Y COLEGAS, PARA EXIGIR UNA RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE ESTOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR UN ORGANISMO DE SEGURIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO: EL EJERCITO DE COLOMBIA.

A continuación les presento alguna información disponible con sus enlaces respectivos, acerca de éstos hechos.

Víctimas de “falsos positivos” protestaron en Bogotá
Marzo 6 de 2009
Tomado de Caracol Radio

Centenares de personas, la mayoría de ellas madres de jóvenes muertos en los llamados falsos positivos, iniciaron una protesta contra las ejecuciones extrajudiciales.

En las marchas participan ciudadanos provenientes de 15 departamentos como Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Antioquia entre otros.

La movilización que salió desde el Ministerio de Defensa llegó a la Fiscalía general de la Nación, donde los manifestantes exigen celeridad en las investigaciones sobre los asesinatos.

“Vamos a presentar dos derechos de petición pidiendo la creación de un grupo especial de investigación sobre los ‘falsos positivos’ y también que se inicien indigaciones de tipo penal contra los oficiales que fueron llamados a calificar servicios por el caso de los desaparecidos de Soacha”, dijo el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas contra crímenes de Estado, Iván Cepeda.

Para facilitar las movilizaciones, la Policía de Tránsito de Bogotá, cerró la calle 26 entre la avenida 68 y la carrera 30, como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la avenida Las Américas y la calle 13.

A la jornada de protesta, se sumaron los estudiantes de las Universidades Pedagógica y Nacional.

A las 7 de la noche, como cierre de la jornada, las madres de las víctimas realizarán un acto simbólico acostándose en el piso y cubriéndose con sábanas en la Plaza de Bolívar.

Según cifras del Movimiento Nacional de Víctimas, en el país se conocen denuncias en 1400 casos de jóvenes inocentes asesinados por miembros de las Fuerzas Militares.



Denuncian que 53 campesinos en Meta fueron presentados como guerrilleros muertos en combate

Tomado de: Observatorio de Paz

Octubre 8 de 2007
dhcolombia / Martes 9 de octubre de 2007

La Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y una misión internacional que investigan el caso temen que se trate de una situación similar a la que se vivió en Antioquia entre el 2005 y el 2006.

Los 53 casos, ocurridos entre el 2005 y el 2007 en la región del Ariari, corresponden a denuncias recogidas por la Oficina de Derechos Humanos del bajo Ariari, que representa a 50 familias.

Los procesos penales los lleva la Fiscalía de Granada (Meta). Los muertos fueron presentados por tropas de las brigadas móviles 12 y 4 del Ejército como guerrilleros caídos en combate, aunque sus familias dicen que eran campesinos y comerciantes de la zona.

“Mi hijo salió de la casa en Granada el pasado 8 de marzo. Me dijo que iba a ir al billar, pero no regresó. Al otro día mi hermano, que es soldado profesional de la Brigada Móvil 12, me llamó y me dijo que Aurelio estaba muerto en Mesetas (Meta) y que lo iban a enterrar como N.N. Ahí mismo me fui para allá por el cuerpo de mi muchacho”, afirma Gloria Mancera, cuyo hijo Aurelio Gallego Mancera fue incluido como una de las bajas de la guerrilla en enfrentamientos con las tropas.

La Fiscalía también indaga por la suerte del soldado José Fabio Rodríguez, quien en marzo salió de permiso por una fractura y, según su familia, apareció enterrado como N.N. después de un combate.

En el caso antioqueño, varias presuntas ejecuciones denunciadas por la ONU y la Gobernación, provocaron la captura de 18 militares por la muerte de 29 civiles que habrían sido reportados como guerrilleros muertos en combate.

Hay un coronel detenido

Las quejas de la gente llevaron a la Vicepresidencia de la República a enviar una comísión a la zona.

A su regreso a Bogotá, a finales de septiembre, los delegados le pidieron expresamente a la Fiscalía que acelere las investigaciones, pues los indicios, según una alta fuente, “son graves”.

Los campesinos hicieron 160 denuncias por extralimitaciones de la tropa y la constante presión de un nuevo grupo armado que se hace llamar ’Águilas Negras’.

En Vista Hermosa y Puerto Rico (Meta) les han advertido que van a arrasar con todo, advierte el abogado Ramiro Orjuela, uno de los representantes de las familias.

Por cuatro de los casos que figuran en el informe, la Fiscalía adelanta un proceso contra el coronel Carlos Hugo Ramírez Zuluaga, ex comandante de la Brigada Móvil 12, por el delito de desaparición forzada.

EL TIEMPO consultó a la IV División del Ejército sobre el tema. La Jefatura de Derechos Humanos respondió con un oficio, caso por caso, en el que argumentó la muerte de cada persona, el armamento que se incautó y el informe del combate. Para el Ejército, todos eran guerrilleros.

“Cada caso de muertes en combate tiene una investigación en la Justicia Penal Militar y no se han encontrado indicios de irregularidades en el proceder de las tropas”, señaló una fuente de la IV División.

Voceros del Ministerio de Defensa le dijeron anoche a EL TIEMPO que esperan que la Fiscalía y la Procuraduría agilicen las investigaciones y que todas las unidades militares están prestando la colaboración necesaria.

’Mi esposa era una ama de casa que hizo parte de la Defensa Civil’

La mañana del 15 de abril pasado, Ester Julia Lozada estaba en su casa, en la vereda Chispas, en Puerto Rico (Meta), cuando se desencadenó un combate en inmediaciones de la vivienda.

Según lo relataron vecinos de la vereda, el Ejército desembarcó de helicópteros porque iban persiguiendo a unos guerrilleros.

“Cuando llegué por la noche de trabajar, los vecinos me estaban esperando para contarme que a Ester la habían matado y que al lado de la casa también habían matado a dos guerrilleros. Nadie nos daba razón de para dónde se la habían llevado, hasta que nos informaron que el Ejército la había echado para San José del Guaviare”, relata su esposo, Rodrigo Beltrán.

Cuando llegó a San José en compañía de algunos miembros de la junta de acción comunal de Chispas, les informaron que el Ejército la había presentado como una tercera guerrilla muerta en los combates.

“Me la entregaron uniformada. Una ama de casa con uniforme…”, cuenta Rodrigo, mientras recuerda que Ester vivió en Bogotá antes de casarse con él y hacía parte de la Defensa Civil.

Algunas muertes que son investigadas

15 de agosto del 2006: Wilson Vicente Monroy Galindo era administrador de una finca. Reportado como guerrillero en la vereda Caño de Piedra (Vista Hermosa).

7 de mayo de 2006: José Isaías Mesa Marín fue reportado muerto en combate en la vereda Palmeras.

27 de octubre de 2006: Ángel Gabriel Vigüez García, Carlos Julio Gutiérrez López y Edder Tolosa Sulbarán supuestamente murieron en un combate en la vereda Loma Linda (Vista Hermosa).

22 de marzo del 2006: Arcadio Torres Peña y Rosendo Bohórquez, fueron sacados de su finca por supuestos paramilitares. Fueron reportados como guerrilleros.

8 de febrero del 2007: Daniel Esteban Garzón Rodríguez, reportado como guerrillero muerto en combate.

Febrero del 2007: James Agudelo, José Antonio Agudelo Velásquez y Javier Enterio Acuña Cordero fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. La Familia dice que esto pasó después de reclamarle al Ejército por unas reses que se les habían perdido.

Marzo del 2007: José David Baquero y otro joven fueron presentados como guerrilleros abatidos.

Los desaparecidos de Santo Domingo

Después de la emboscada que las Farc le tendieron a una compañía de la Brigada Móvil 12, en Vista Hermosa (Meta), y que dejó 29 militares muertos, el Gobierno inició una gran ofensiva para permitir la erradicación manual de coca en la Serranía de La Macarena.

Al frente de las operaciones estuvo el coronel Carlos Hugo Ramírez, comandante de la Brigada, quien ordenó una operación en el caserío de Santo Domingo, el 2 de enero del 2006.

Por estos hechos, en los que desaparecieron Henry Cubides, Carlos Hernando Vargas, Freddy Manuel Causi y Marilyn Martín (habitantes del caserío), la Fiscalía le dictó orden de captura al oficial hace seis meses por el delito de desaparición forzada.

REDACCIÓN JUSTICIA



Ejecuciones extrajudiciales

Escrito por CISCA
jueves, 03 de abril de 2008

Muerte de campesinos miembros de comunidades, normalmente afiliados a las Juntas de Acción Comunal, a quienes el Ejército presentaba como “dados de baja en combate”. Dado que se trata de zonas rurales y apartadas de los centros urbanos, no es posible tener la información completa de todos los casos; sin embargo, por fuentes primarias (familiares y comunidad) se conoce de al menos 46 víctimas de esta práctica irregular del Ejército – asesinato en persona protegida - o popularmente conocida como “falsos positivos”, en el Catatumbo y 26 en el Putumayo.

INFORME EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.
Asociación Para La Promoción Social Alternativa MINGA
Abril de 2008


1. REGIÓN DEL CATATUMBO (NORTE DE SANTANDER) COLOMBIA


Entre noviembre de 2005 y enero de 2006, las Brigadas No. 30 y Móvil No. 15 iniciaron operaciones en la región del Catatumbo, lo que implicó un aumento considerable de efectivos y operaciones militares. Ingresaron primeramente por la parte Baja de la región (Tibú y El Tarra), para posteriormente hacer lo propio en la parte Media y Alta. En la medida que se fueron posicionando territorialmente, se incrementaron las quejas y denuncias de las comunidades por las violaciones de derechos humanos, (señalamientos, torturas, bloqueo de alimentos, extorsiones, violaciones al DIH, pillajes) cometidas por miembros de la Fuerza Pública.

Gran parte del comportamiento irregular de las tropas estatales fue denunciado ante Personerías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y también ante la opinión pública. Los resultados han sido ciertamente precarios. De esta forma se ha legitimado aún más la desconfianza de las comunidades en las instituciones estatales de control y defensa de los derechos humanos.

En ese marco, también se empezó a presentar paulatinamente la muerte de campesinos miembros de estas comunidades, normalmente afiliados a las Juntas de Acción Comunal, a quienes el Ejército presentaba como “dados de baja en combate”. Dado que se trata de zonas rurales y apartadas de los centros urbanos, no es posible tener la información completa de todos los casos; sin embargo, por fuentes primarias (familiares y comunidad) se conoce de al menos 46 víctimas de esta práctica irregular del Ejército – asesinato en persona protegida - o popularmente conocida como “falsos positivos”. En gran parte de los casos sus familiares han interpuesto acción legal dado que no se trataba de guerrilleros y todos fueron muertos a sangre fría, en un fingido combate, que según los testimonios no han pasado de unos cuantos disparos para simular el enfrentamiento. Tales hechos se han presentado mayoritariamente durante el 2007, dos casos en el 2006 y tres en lo corrido del 2008, según las denuncias presentadas.

El 90% de tales presuntas ejecuciones se han atribuido a la Brigada Móvil No. 15, que estuvo bajo el mando del Coronel Santiago Herrera Fajardo desde el segundo semestre de 2006 y el 2007. Se asimila a esta cifra de posibles ejecuciones extrajudiciales con los resultados de las operaciones militares mostrados por el General Paulino Coronado, comandante de la Brigada No. 30, y el Coronel Santiago Herrera, según la cual durante el 2007 murieron en combate 51 guerrilleros .

Image1.1. Modus Operandi

En general todos los casos denunciados por los familiares y la comunidad, tienen las mismas características en el modo en que actuaron los miembros de la Fuerza Pública. La totalidad de los campesinos muertos son hombres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 44 años. Igualmente la mayoría eran padres de familia y algunas numerosas. Las víctimas eran personas reconocidas por sus comunidades y hacían parte de la Junta de Acción Comunal Veredal.

Los campesinos fueron retenidos cuando transitaban solos por el camino de un pueblo a otro, o muy cerca de la casa y el surco, de donde se puede deducir que se busca evitar la presencia de algún testigo de la detención y posterior asesinato. Incluso algunos han sido ejecutados en su propia casa, aprovechando su soledad, como es el caso de Jorge Eliécer Ortega Bonet y Luis Carlos Martínez, donde igualmente se han simulado grandes operativos. El señor Martínez por ejemplo, era un campesino extremadamente pobre, trabajador, viudo y muy querido en la comunidad; vivía solo en su ranchito y sus seis hijas mujeres, algunas menores de edad, quienes se encuentran en Ocaña estudiando y trabajando.

Siempre, luego de la simulación de los combates, el Ejército acordona el lugar, no deja entrar a nadie, no da razón ni siquiera a los presidentes de Juntas que son las autoridades políticas en sus veredas y corregimientos, tampoco a las autoridades civiles como Alcaldes. Posteriormente llega el helicóptero militar y el cuerpo es trasladado a las ciudades de Ocaña y Cúcuta, donde sus familiares deben ir a reclamarlos y allí les dicen que fueron muertos o dados de baja en combate, a pesar que toda la comunidad sabe cómo sucedieron los hechos.

Un caso emblemático es el del joven Villamil Rodríguez Figueroa, quien fue retenido por el Ejército con el argumento de que estaban haciendo reclutamiento, pero luego, caída la noche, se lo llevaron monte adentro y allí al amparo de la oscuridad y la lluvia le dispararon a quemarropa. Sin embargo, Villamil no murió pues las balas dieron todas en un brazo y aprovechando el descuido y despreocupación de los soldados, dado que lo daban por muerto, huyó. Este muchacho, después de soportar dos meses en un hospital y varias cirugías en su brazo, se encuentra detenido injustamente, enfrentando un proceso judicial inconsistente y con informantes falsos.

Las investigaciones penales por estos hechos las adelantan funcionarios de la justicia penal militar y en menor medida fiscales seccionales de Ocaña y Cúcuta, sin que haya habido en ninguna de estas impulsos ciertos ni actividades probatorias dirigidas a esclarecer estos crímenes, por lo que no se ha privado de la libertad a ninguno de los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

1.2. Audiencia Pública

Misiones humanitarias, audiencias locales e interlocución directa entre los campesinos con el Ejército se han realizado en la región para exigir que cesen tales hechos. Pero ninguno de estos reclamos fueron considerados, y no hubo respuestas ni compromisos claros. Ante ello, la impotencia y desesperanza de ver caer uno por uno a sus campesinos, las Asociaciones de Juntas reunidas en el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, convocaron la Audiencia Pública que llamaron “Encuentro por la Vida y el Territorio”, el 6 de diciembre de 2007 en Ocaña . Allí el Ejército escuchó a los campesinos y se acordó hacerle seguimiento a los casos denunciados. Sin embargo, después de la Audiencia en mención, se han presentado al menos cinco hechos de tales características.

2. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA.

Diversos factores histórico-estructurales, el marginamiento estatal y las condiciones geopolíticas, han creado un escenario favorable para diversos intereses nacionales e internacionales, legales e ilegales, los cuales son disputados a sangre y fuego afectando profundamente la vida de las comunidades ubicadas en esta frontera andino - amazónica.

Particularmente la región se ha convertido en área estratégica para el establecimiento de circuitos de procesamiento y tráfico de coca, y como centro de operaciones estratégicas de los distintos los grupos armados. En el departamento de Putumayo se desarrolla desde hace más de ocho años una guerra entre las fuerzas armadas regulares del Estado , la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares , por el control del territorio y de los recursos energéticos. La principal víctima de esta guerra ha sido la población civil de la región. Este conflicto se dinamiza y se alimenta con el narcotráfico y la economía de la coca, a través de nuevas estructuras de violencia privada, dejando a las comunidades en una abierta vulnerabilidad.

Los operativos que permanentemente realiza la Fuerza Pública y las acciones específicas encaminadas a garantizar la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, han afectado sistemáticamente los derechos de la población. Las organizaciones sociales han denunciado comportamientos irregulares de los efectivos de las fuerzas armadas, como son las violaciones a niños y niñas, el señalamientos a los y las líderes de las comunidades, la estigmatización de las organizaciones comunitarias, detenciones arbitrarias, torturas, robos, ocupación de escuelas y centros comunitarios en clara violación al DIH y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Entre agosto del 2006 y lo que va corrido del 2008, se han denunciado por parte de familiares y organizaciones comunitarias, al menos 26 presuntas ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos colombianos y 2 de ciudadanos ecuatorianos, atribuidas de manera genérica al Ejercito Nacional, y de manera particular a la Brigada Móvil 13, el Batallón Contraguerrilla No. 87, la Brigada de Selva No.27 y al Batallón Energético y Vial No. 11. Las personas muertas son reconocidas por sus comunidades como indígenas y campesinos, pertenecientes a Resguardos Indígenas, Juntas de Acción Comunal y otras formas asociativas comunitarias. Los familiares y/o comunidades han denunciado que en general, las personas presuntamente ejecutadas, fueron detenidas por la fuerza pública, en sus viviendas o en los caminos veredales, posteriormente se escuchan disparos que simulan combates y en helicóptero los cuerpos son trasladados a la morgue de Puerto Asís, donde son presentados con prendas privativas del ejercito o prendas diferentes a cuando fueron retenidos e identificados como N.N. (desconocidos) guerrilleros muertos en combate.

A este informe se anexaron las listas de los presuntos campesinos víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública.


CIA sabía desde 1994 nexos de fuerzas colombianas con "paras"

Tomado de El Periodico de Mexico

2009-01-08

Ese informe secreto, agregó, ha contribuido al despido de 30 oficiales del Ejército y a la renuncia del general Mario Montoya como comandante en jefe del Ejército colombiano.

Washington, 7 ene (EFE).- La CIA y diplomáticos de alto rango de EU sabían, incluso desde 1994, que las fuerzas de seguridad de Colombia, apoyadas por Washington, utilizaban tácticas de "escuadrones de la muerte" y tenían nexos con los paramilitares.

Así lo reflejan documentos divulgados hoy en la página de Internet de National Security Archive, una organización sin fines de lucro de la Universidad de George Washington.

Según el grupo, las fuerzas de seguridad de Colombia cooperaban con grupos paramilitares que a su vez estaban vinculados con el narcotráfico, y que además alentaron la táctica de inflar el "conteo de cuerpos" matando civiles.

La idea era ocasionar el mayor número de bajas a la guerrilla en ese país, según los documentos diplomáticos, militares y de inteligencia recientemente desclasificados por Estados Unidos.

Así, la práctica de "falsos positivos" -o muerte ilegal de civiles que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate- es una vieja práctica del Ejército colombiano, agregó Michael Evans, analista del grupo en Washington, en un comunicado sobre los documentos.

Esos documentos "arrojan luz sobre una política -examinada recientemente en un informe del Ejército colombiano aún no publicado- que influyó en la conducta de oficiales militares colombianos durante años, que conllevó a ejecuciones extrajudiciales y colaboración con paramilitares narcotraficantes", dijo el grupo.

Ese informe secreto, agregó, ha contribuido al despido de 30 oficiales del Ejército y a la renuncia del general Mario Montoya como comandante en jefe del Ejército colombiano.

Entre los puntos más destacados por National Security Archive figura el hecho de que, en un cable de 1994, el entonces embajador estadounidense en Colombia, Myles Frechette, ya había condenado la "mentalidad de conteo de cuerpos" que prevalecía entre los oficiales militares.

Frechette dijo entonces, que los oficiales de campo que no podían demostrar logros tangibles en contra de la guerrilla -actividades en las que se registraban la mayoría de los abusos de derechos humanos- "sufrían desventajas a la hora de los ascensos".

En ese mismo año, un informe de la CIA determinó que las fuerzas de seguridad colombianas utilizaban "tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente".

Los oficiales tenían además, según ese informe, un historial de "asesinato de civiles de izquierda en áreas de control guerrillero, colaboración con paramilitares vinculados con el narcotráfico en ataques contra presuntos simpatizantes de la guerrilla, y el asesinato de combatientes capturados".

Según Evans, los documentos divulgados hoy reflejan que el "conteo de bajas" y los "falsos positivos" tienen una historia institucional dentro de las fuerzas de seguridad y, aunque el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha tomado medidas para depurar a las filas militares de oficiales corruptos, claramente no son suficientes.

Agregó que es necesario que el Ejército colombiano haga público su informe sobre el escándalo de los "falsos positivos", como primer paso para promover una mayor transparencia y justicia en Colombia.

National Security Archive divulgó los documentos desclasificados seis días antes de que Uribe reciba, de manos del presidente de EU, George W. Bush, la Medalla Presidencial de la Libertad.