A continuación reproduzco éste artículo, publicado en El Espectador, el pasado domingo 25 de enero, con los testimonios de las víctimas de los militares, que los grandes medios de comunicación omitieron difundir durante los oscuros años de esplendor del gobierno criminal del narco paraco Alvaro Uribe Vélez. Testimonios para la verguenza, para que la sociedad urbana se entere de la verdad de lo sucedido en la provincia, en el campo colombiano, acerca de la supuesta lucha contra el terrorismo en Colombia, lucha en la que el terrorismo de estado, ejecutado por el corrupto Ejército de Colombia, con la colaboración de sus aliados, los paramilitares, se paseó a sus anchas, asesinanto miles de colombianos inocentes, jóvenes, mujeres, ancianos, niños, para engrosar las mentirosas cifras de bajas de las guerrillas, que con orgullo de vez en cuando exhibe el paraco ministro Juan Manuel Santos, amigo de terroristas.
Espereos que éstas audiencias públican no sean utilizadas por el asesino Ejército de Colombia para silenciar a familiares, testigos y denunciantes.
Tomado de: El Espectador
Espereos que éstas audiencias públican no sean utilizadas por el asesino Ejército de Colombia para silenciar a familiares, testigos y denunciantes.
Tomado de: El Espectador
En una audiencia pública hablaron las víctimas del Estado
Los testigos del Catatumbo
Los testigos del Catatumbo
Por: Carolina Gutiérrez Torres
Finalizando el 2008 se dieron cita en Ocaña (Norte de Santander) las personas que aseguraban haber sido objeto de represalias del Ejército. Los altos mandos militares estuvieron presentes escuchando y registrando las denuncias. Los "falsos positivos" fueron las principales quejas.
A las 8:00 a.m. ya el coliseo estaba repleto. Era un jueves de fin de año en Ocaña (Norte de Santander). Campesinos y ancianos y niños se agolparon allí para proclamarse víctimas del Estado. En una emisora del pueblo sonaba una cuña publicitaria en la que una voz firme y gruesa le pedía a toda la comunidad que creyera en la honestidad de su Ejército Nacional de Colombia. "Cualquiera puede caer en manos de un uniformado y convertirse en un 'falso positivo", decía un taxista. En Ocaña el miedo está latente, los militares intentan recuperar su honor y aquellos que aseguran ser sus víctimas se dan cita en un coliseo para contar sus historias de horror. Es un confesionario al que llaman audiencia pública. Las personan se suben a un estrado, toman un micrófono y relatan su caso o el de su hermano que está muerto o el del esposo que está desaparecido. Los altos mandos del Ejército, que están presentes, toman nota. Luego esos testimonios se convertirán en objeto de investigación.
En medio de la muchedumbre una anciana corpulenta de ojos tristes sostenía la foto de su hijo Mario Alexander Arenas. Doña Ana Cecilia Garzón viajó desde Soacha para dejar constancia pública de que a ella le desaparecieron a su hijo y meses después apareció como 'dado de baja'. Hace un año lo vio por última vez. Era navidad y el muchacho fue a visitarla. "Madre en enero vuelvo a traerle otra platica", le dijo al despedirse. No se cumplió la promesa. Luego le dirían a la señora que el cuerpo de su hijo, sin vida, estaba en Bucaramanga (Santander). "Murió en combate con el Ejército", decían los reportes oficiales.
Doña Ana es otra madre de los desaparecidos de Soacha. Su caso no transcendió a los medios, ni su fotografía salió en periódicos, ni el nombre de su hijo se sumó a la lista de los 'falsos positivos' que motivó la destitución, inicialmente, de 27 militares. Sólo hasta ese jueves de fin de año la señora rompió el silencio. Viajó hasta allí en compañía de los hermanos y las madres de otros jóvenes de Soacha y Bogotá que vivieron la misma tragedia. Su hijo está enterrado en el cementerio de Bucaramanga. Una lápida de cemento que tiene inscritas las letras NN y en la parte inferior el nombre completo de Mario, son la únicas noticias que ha recibido. Todavía está esperando el traslado del cuerpo a Bogotá. "No nos han mostrado ni fotos ni la ropa de él. Tengo que verlo para estar segura de que es Mario. Cómo no reconocerlo si siempre llevaba el corte bien rapadito y el bigote bajito", dice la señora Ana y apaga más los ojos y baja más la voz. "¿Qué iba a estar haciendo él en Bucaramanga si no conocíamos a nadie allá?".
Al estrado
Un hombre de unos 30 años fue el primero en subir al estrado. Era un campesino que había viajado horas y horas para llegar hasta Ocaña. Tomó el micrófono con torpeza, sin saber cómo manejarlo para que su voz no se distorsionara. Hizo caso omiso a los sonidos desafinados y comenzó a contar su historia sin pausas. "Iba caminando por una vereda y unos soldados me pararon. 'Este tiene cara de guerrillero', dijeron. Me amarraron las manos, me vendaron los ojos y me hicieron caminar todo un día. Cuando ya no podía mantenerme en pie me arrojaron a un barranco y me dispararon. 'Ya está muerto, vámonos', dijeron al verme tirado en el piso, quieto, sin ni siquiera respirar. Yo también pensé que estaba muerto". El hombre terminó el relato sin un aliento, así como permaneció el día de su desgracia, tirado en el piso, hasta que un campesino que pasaba por allí le salvó la vida.
Luego del punto final otra persona subía a la tarima y otra vez los problemas con el micrófono y otra vez el llanto porque intentaron matarme, o porque desaparecieron a mi hermano, o porque entraron al rancho y me arrestaron sin razón alguna. A don Manuel, un señor que no supera los 50 años, la tragedia le llegó un sábado en la madrugada. Todavía estaba durmiendo cuando sintió que una explosión le movió el piso y la casa. Luego vino otra y otra. Los niños reventaron en llanto. La esposa corrió asustada a resguardarlos debajo de la cama. "Sobre el techo había como diez helicópteros de las Fuerzas Armadas bombardeando mi rancho que porque era un campamento de la guerrilla. Decían que yo era un comandante de las milicias del Norte de Santander", contó el señor y luego dejó escapar un llanto incontrolable porque en ese operativo, que él no comprende, murió su niña de siete años. Fue en febrero de 2003.
Alberto Castilla Cisca, integrante del Comité de Integración Social del Catatumbo (región conformada por diferentes municipios de Norte de Santander), lo escuchaba desde el público y aseguraba que cada una de las palabras de don Manuel era real. Según él las muertes de los campesinos a manos de los militares están sucediendo desde hace años y años, pero sólo hasta el año 2007 se organizó la comunidad para denunciar estos hechos. "Con las muertes de Adinael Arias en octubre de 2007, de Carlos Daniel Martínez también en octubre, y de Eliécer Ortega en noviembre de ese año, nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos más callados –dijo Castilla–. Citamos a los militares a una audiencia y cada una de las víctimas contó lo que le había sucedido. Ellos nos escuchaban y registraban cada una de las denuncias". Además aseguró que a partir de ese momento las cifras de ejecuciones extrajudiciales, que ellos manejan, han disminuido. En 2007 fueron más de 40 y el año pasado se registraron sólo ocho casos. "Hemos logrado frenar esa situación. Cuando reventó lo de Soacha nosotros ya habíamos embalado a los militares".
Fernando*, otro líder de la región, tiene su propia tesis, que deduce de los años de caminar y recorrer el Catatumbo y de escuchar a sus testigos. Dice que "el Ejército necesita matar, y como saben que aquí ya nadie se queda callado, entonces están recurriendo a otras regiones del país. Por ejemplo, se trajeron a esos muchachos de Bogotá porque saben que aquí nadie los conoce, nadie va a preguntar por ellos y nadie va a sentir su ausencia".
Desde Bogotá
Jacqueline Castillo, hermana de Jaime –quien desapareció del barrio Álamos (Bogotá) y luego fue encontrado sin vida en Ocaña– subió a la tarima minutos antes del medio día. Llevaba la foto de su hermano, la misma que carga siempre en su cartera. La tomó con las manos, la sostuvo a la altura del pecho y contó su historia. Dijo que Jaime tenía problemas de drogadicción, que por eso era inverosímil que perteneciera a algún grupo armado, porque ni siquiera podía mantenerse en pie sin ingerir alguna droga o alcohol. Luego contó sobre el día de la desaparición, y sobre los meses sin tener noticias de él, y sobre la llamada anunciándole que en Norte de Santander estaba el cuerpo de un hombre identificado como Jaime Castillo. Jacqueline, con toda la tranquilidad, les dijo a cientos de campesinos que ella, y las otras madres y hermanos que viajaron hasta allí, también era víctima de su Ejército.
El general Hugo Rodríguez, comandante de la brigada 30 del Ejército –que opera en toda la región del Catatumbo– era quizá quien más atención prestaba a cada uno de los testigos. Lleva apenas unas semanas al frente de esa brigada –está en reemplazo del general Paulino Coronado, quien fue uno de los militares destituidos cuando reventó el escándalo de los falsos positivos–. Rodríguez tomaba nota de cada una de las palabras de las víctimas, tenía las cejas fruncidas y los ojos clavados en el estrado. Él, que apenas está pisando y conociendo el Catatumbo, reconoce que hay en curso unas investigaciones por presuntos atropellos de sus hombres pero que "el Ejército Nacional está proporcionando todos los medios para que la verdad sea el último fin".
"Se están adelantando unas investigaciones producto de unas quejas que se presentaron en Ocaña y algunas áreas de Norte de Santander. La Fiscalía ha realizado en los últimos días todo tipo de pruebas, y el Ejército está brindando todas las garantías y los medios para que ellos puedan cumplir con el propósito –dijo el general Rodríguez–. En Ocaña son unos 16 casos los que se están investigando, entre esos algunos de los desaparecidos de Soacha. Quiero recordar que quienes delinquen son las personas, no las instituciones, y nosotros estamos trabajando para traerle la tranquilidad y la seguridad a Norte de Santander".
En los altoparlantes del coliseo resonaba una voz gruesa y firme recordándoles a los habitantes del Catatumbo que hay que creer en la honestidad del Ejército Nacional de Colombia. La misma voz dictaba con ritmo pausado unas líneas telefónicas y unas direcciones a donde las personas se pueden dirigir para poner sus quejas contra el Ejército. Una mujer se subió al estrado para denunciar que una noche un militar entró hasta su casa, desordenó la cocina y la habitación, luego le tapó la boca con violencia, le amarró los brazos y la arrastró hasta una camioneta. Estuvo ocho días detenida sin entender las razones. El general Rodríguez apuntaba cada uno de los detalles. Esas declaraciones serán objeto de investigación.
Finalizando el 2008 se dieron cita en Ocaña (Norte de Santander) las personas que aseguraban haber sido objeto de represalias del Ejército. Los altos mandos militares estuvieron presentes escuchando y registrando las denuncias. Los "falsos positivos" fueron las principales quejas.
A las 8:00 a.m. ya el coliseo estaba repleto. Era un jueves de fin de año en Ocaña (Norte de Santander). Campesinos y ancianos y niños se agolparon allí para proclamarse víctimas del Estado. En una emisora del pueblo sonaba una cuña publicitaria en la que una voz firme y gruesa le pedía a toda la comunidad que creyera en la honestidad de su Ejército Nacional de Colombia. "Cualquiera puede caer en manos de un uniformado y convertirse en un 'falso positivo", decía un taxista. En Ocaña el miedo está latente, los militares intentan recuperar su honor y aquellos que aseguran ser sus víctimas se dan cita en un coliseo para contar sus historias de horror. Es un confesionario al que llaman audiencia pública. Las personan se suben a un estrado, toman un micrófono y relatan su caso o el de su hermano que está muerto o el del esposo que está desaparecido. Los altos mandos del Ejército, que están presentes, toman nota. Luego esos testimonios se convertirán en objeto de investigación.
En medio de la muchedumbre una anciana corpulenta de ojos tristes sostenía la foto de su hijo Mario Alexander Arenas. Doña Ana Cecilia Garzón viajó desde Soacha para dejar constancia pública de que a ella le desaparecieron a su hijo y meses después apareció como 'dado de baja'. Hace un año lo vio por última vez. Era navidad y el muchacho fue a visitarla. "Madre en enero vuelvo a traerle otra platica", le dijo al despedirse. No se cumplió la promesa. Luego le dirían a la señora que el cuerpo de su hijo, sin vida, estaba en Bucaramanga (Santander). "Murió en combate con el Ejército", decían los reportes oficiales.
Doña Ana es otra madre de los desaparecidos de Soacha. Su caso no transcendió a los medios, ni su fotografía salió en periódicos, ni el nombre de su hijo se sumó a la lista de los 'falsos positivos' que motivó la destitución, inicialmente, de 27 militares. Sólo hasta ese jueves de fin de año la señora rompió el silencio. Viajó hasta allí en compañía de los hermanos y las madres de otros jóvenes de Soacha y Bogotá que vivieron la misma tragedia. Su hijo está enterrado en el cementerio de Bucaramanga. Una lápida de cemento que tiene inscritas las letras NN y en la parte inferior el nombre completo de Mario, son la únicas noticias que ha recibido. Todavía está esperando el traslado del cuerpo a Bogotá. "No nos han mostrado ni fotos ni la ropa de él. Tengo que verlo para estar segura de que es Mario. Cómo no reconocerlo si siempre llevaba el corte bien rapadito y el bigote bajito", dice la señora Ana y apaga más los ojos y baja más la voz. "¿Qué iba a estar haciendo él en Bucaramanga si no conocíamos a nadie allá?".
Al estrado
Un hombre de unos 30 años fue el primero en subir al estrado. Era un campesino que había viajado horas y horas para llegar hasta Ocaña. Tomó el micrófono con torpeza, sin saber cómo manejarlo para que su voz no se distorsionara. Hizo caso omiso a los sonidos desafinados y comenzó a contar su historia sin pausas. "Iba caminando por una vereda y unos soldados me pararon. 'Este tiene cara de guerrillero', dijeron. Me amarraron las manos, me vendaron los ojos y me hicieron caminar todo un día. Cuando ya no podía mantenerme en pie me arrojaron a un barranco y me dispararon. 'Ya está muerto, vámonos', dijeron al verme tirado en el piso, quieto, sin ni siquiera respirar. Yo también pensé que estaba muerto". El hombre terminó el relato sin un aliento, así como permaneció el día de su desgracia, tirado en el piso, hasta que un campesino que pasaba por allí le salvó la vida.
Luego del punto final otra persona subía a la tarima y otra vez los problemas con el micrófono y otra vez el llanto porque intentaron matarme, o porque desaparecieron a mi hermano, o porque entraron al rancho y me arrestaron sin razón alguna. A don Manuel, un señor que no supera los 50 años, la tragedia le llegó un sábado en la madrugada. Todavía estaba durmiendo cuando sintió que una explosión le movió el piso y la casa. Luego vino otra y otra. Los niños reventaron en llanto. La esposa corrió asustada a resguardarlos debajo de la cama. "Sobre el techo había como diez helicópteros de las Fuerzas Armadas bombardeando mi rancho que porque era un campamento de la guerrilla. Decían que yo era un comandante de las milicias del Norte de Santander", contó el señor y luego dejó escapar un llanto incontrolable porque en ese operativo, que él no comprende, murió su niña de siete años. Fue en febrero de 2003.
Alberto Castilla Cisca, integrante del Comité de Integración Social del Catatumbo (región conformada por diferentes municipios de Norte de Santander), lo escuchaba desde el público y aseguraba que cada una de las palabras de don Manuel era real. Según él las muertes de los campesinos a manos de los militares están sucediendo desde hace años y años, pero sólo hasta el año 2007 se organizó la comunidad para denunciar estos hechos. "Con las muertes de Adinael Arias en octubre de 2007, de Carlos Daniel Martínez también en octubre, y de Eliécer Ortega en noviembre de ese año, nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos más callados –dijo Castilla–. Citamos a los militares a una audiencia y cada una de las víctimas contó lo que le había sucedido. Ellos nos escuchaban y registraban cada una de las denuncias". Además aseguró que a partir de ese momento las cifras de ejecuciones extrajudiciales, que ellos manejan, han disminuido. En 2007 fueron más de 40 y el año pasado se registraron sólo ocho casos. "Hemos logrado frenar esa situación. Cuando reventó lo de Soacha nosotros ya habíamos embalado a los militares".
Fernando*, otro líder de la región, tiene su propia tesis, que deduce de los años de caminar y recorrer el Catatumbo y de escuchar a sus testigos. Dice que "el Ejército necesita matar, y como saben que aquí ya nadie se queda callado, entonces están recurriendo a otras regiones del país. Por ejemplo, se trajeron a esos muchachos de Bogotá porque saben que aquí nadie los conoce, nadie va a preguntar por ellos y nadie va a sentir su ausencia".
Desde Bogotá
Jacqueline Castillo, hermana de Jaime –quien desapareció del barrio Álamos (Bogotá) y luego fue encontrado sin vida en Ocaña– subió a la tarima minutos antes del medio día. Llevaba la foto de su hermano, la misma que carga siempre en su cartera. La tomó con las manos, la sostuvo a la altura del pecho y contó su historia. Dijo que Jaime tenía problemas de drogadicción, que por eso era inverosímil que perteneciera a algún grupo armado, porque ni siquiera podía mantenerse en pie sin ingerir alguna droga o alcohol. Luego contó sobre el día de la desaparición, y sobre los meses sin tener noticias de él, y sobre la llamada anunciándole que en Norte de Santander estaba el cuerpo de un hombre identificado como Jaime Castillo. Jacqueline, con toda la tranquilidad, les dijo a cientos de campesinos que ella, y las otras madres y hermanos que viajaron hasta allí, también era víctima de su Ejército.
El general Hugo Rodríguez, comandante de la brigada 30 del Ejército –que opera en toda la región del Catatumbo– era quizá quien más atención prestaba a cada uno de los testigos. Lleva apenas unas semanas al frente de esa brigada –está en reemplazo del general Paulino Coronado, quien fue uno de los militares destituidos cuando reventó el escándalo de los falsos positivos–. Rodríguez tomaba nota de cada una de las palabras de las víctimas, tenía las cejas fruncidas y los ojos clavados en el estrado. Él, que apenas está pisando y conociendo el Catatumbo, reconoce que hay en curso unas investigaciones por presuntos atropellos de sus hombres pero que "el Ejército Nacional está proporcionando todos los medios para que la verdad sea el último fin".
"Se están adelantando unas investigaciones producto de unas quejas que se presentaron en Ocaña y algunas áreas de Norte de Santander. La Fiscalía ha realizado en los últimos días todo tipo de pruebas, y el Ejército está brindando todas las garantías y los medios para que ellos puedan cumplir con el propósito –dijo el general Rodríguez–. En Ocaña son unos 16 casos los que se están investigando, entre esos algunos de los desaparecidos de Soacha. Quiero recordar que quienes delinquen son las personas, no las instituciones, y nosotros estamos trabajando para traerle la tranquilidad y la seguridad a Norte de Santander".
En los altoparlantes del coliseo resonaba una voz gruesa y firme recordándoles a los habitantes del Catatumbo que hay que creer en la honestidad del Ejército Nacional de Colombia. La misma voz dictaba con ritmo pausado unas líneas telefónicas y unas direcciones a donde las personas se pueden dirigir para poner sus quejas contra el Ejército. Una mujer se subió al estrado para denunciar que una noche un militar entró hasta su casa, desordenó la cocina y la habitación, luego le tapó la boca con violencia, le amarró los brazos y la arrastró hasta una camioneta. Estuvo ocho días detenida sin entender las razones. El general Rodríguez apuntaba cada uno de los detalles. Esas declaraciones serán objeto de investigación.
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