jueves, mayo 27, 2010

En la finca "Las Guacharacas" de Alvaro Uribe Vélez también se asesinaron campesinos

rito alejo del rio militar asesino paramillitares blog popular bogota

RITO ALEJO DEL RIO

MILITAR ASESINO ALIADO DE LOS PARAMILITARES


A continuación los datos, hechos, confesiones y denuncias sobre los crímenes conetidos en Antioquia, entre ellos en la hacienda "Las Guacharacas" de propiedad de Alvaro Uribe Vélez, en los comienzos de ésta nueva época del terror del paramilitarismo. Testimonios de pobladores dan cuenta de ajusticiamientos ordenados por Alvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe, Rito Alejo del Río, Carlos Castaño: un trío de cómplices


Tomado de "Desde Abajo".

Jueves, 16 de Octubre de 2008
Ómar Roberto Rodríguez
Edición 139

Entrevista virtual con el sacerdote Javier Giraldo.


¿Qué hizo el ex general Del Río y quiénes lo encubren?

Llegó a Urabá en diciembre de 1995. Pero su saga allá no es todo. Con valor civil, el pasado 9 de septiembre, sus antecedentes, complicidades y “elementos probatorios contra el general Rito Alejo del Río” vieron luz pública bajo la firma de Javier Giraldo Moreno, S.J. El vínculo del general con los paramilitares no cesó al salir del Ejército por decisión del presidente Pastrana (10 de abril de 1999). Ocasión con la cual Uribe inició su campaña presidencial y con Fernando Londoño le hicieron ‘desagravio’ en el Hotel Tequendama.

Una referencia para el lector, fueron hechos:

Del Río llegó a Urabá tras una trayectoria y un perfil contrarios a la ética que demanda la vida de un militar digno. Una serie de acusaciones están registradas en expedientes judiciales y disciplinarios.

1. Referencia del ministro Landazábal Reyes acerca del envío de armas desde Israel, cuando Del Río estaba en el Batallón Colombia.
1.a- Coincidencia del General Río con Carlos Castaño en Israel por “una beca” que éste obtuvo. Allá se instruyó y practicó operaciones de contrainsurgencia.

2. El paramilitar “Negro Vladimir” lo señala cuando, como coronel (1985-1986), estuvo al mando del Batallón Rafael Reyes en Cimitarra.

3. Un cabo del Batallón Girardot en Medellín, bajo su comando en 1987, denuncia su actividad ilegal.

4. Al llegar a la Brigada XVII del Ejército (1995), en Carepa, suceden dos desapariciones dentro del propio batallón. Autoría que reconoce el paramilitar HH: “Cuando yo era el comandante en Urabá” y él estaba “en la Brigada 17, secuestré a dos... detenidos dentro de la Brigada. Las saqué de un calabozo”.

5. Tolerancia y complicidad del general Harold Bedoya, que no atiende el informe acerca de facilitación al paramilitarismo que le envió el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo comandante de la Brigada 17.

6. Como resultado de su paso por la 17, la unidad de acción Ejército-paramilitares, la alcaldesa Gloria Cuartas documentó que a “los años 1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677) en los 90.

7. Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, ex soldado profesional bajo sus órdenes, denuncia prácticas de “legalizaciones”: “coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho tiempo y lo viví”.

8. Gilberto Cárdenas González, capitán (r) de la Policía, jefe de la Sijin de Urabá (1996-98), en un operativo a cubierta el 12 de abril de 1997, junto con otros dos investigadores de la Sijin, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, más tarde asesinados, pudo observar la reunión de Del Río con 11 jefes paramilitares con órdenes de captura y 3 representantes legales de las Convivir más fuertes de la zona.

Además confirmó que:
8.a- El coronel Anatolio Correa Figueroa, comandante de la Policía de Urabá en 1997 y jefe directo del entonces capitán Cárdenas, se opuso a que los contactos y apoyos del General con los ‘paras’ fueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias.

8.a.1.- Tal Coronel, como el coronel Libardo Molina Celis, que lo precedió, se plegaron a las exigencias de Del Río, de no perseguir a los paramilitares.

8.a.2- El coronel Plazas, del B-2 de la Brigada, con representantes legales de las Convivir, “por orden del general Del Río” se presentaba en el Comando de la Policía de Urabá para darles libertad inmediata a los ‘paras’ capturados.

8.a.3- El coronel Santiago Parra Rubiano, comandante de la Policía-Urabá en 1998 se opuso a investigar a otros altos oficiales de la Policía que colaboraban públicamente con los ‘paras’. Este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de los paramilitares para que les guardara sus espaldas.

8.b- Cuando el testigo capturó a los dos asesinos de la concejal de Apartadó Gloria Elena Cardona († 21.01.98), Parra le rogó dejarlos en libertad. Que esas capturas no le iban a agradar ni a Carlos Castaño ni al general Martín Orlando Carreño, nuevo Comandante de la Brigada XVII (1998).

9. El 28 de julio del 99, otro ex soldado de la Brigada XVII se presentó a la Fiscalía General. Ingresó en el Ejército (nov. 1997), asignado al Batallón Voltígeros, con sede en Carepa (Ant.), en las propias instalaciones. Afirmó que detrás de la Brigada existía una base ‘para’ que luego fue convertida en sede de una Convivir, y que tales ‘paras’, que aparecían como integrantes de la Convivir, entrenaban en el polígono de la Brigada por concesión de Del Río.

9.a- En su labor de digitador, incluso conoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba un batallón anexado temporalmente a esa Brigada, en el cual confrontaba a Del Río por no proteger a las víctimas de esas atrocidades; pero el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviado a un lugar selvático. Cuando posteriormente el soldado quiso saber algo del incidente, el único comentario del Teniente fue: “El que manda, manda”.

9.b- Del Río, en 1997, dio orden a unidades militares de retirarse de San José de Apartadó a una vereda lejana, para que los ‘paras’ entraran a asesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, les dio la orden de regresar.

9.c- También presenció personalmente una “acción cívico-militar” en Bajirá (1998), y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados militar-paramilitar.

10. El ‘para’ Francisco Enrique Villalba, que ingresó en 1994 a la estructura ‘para’ de Castaño. La Fiscalía lo interrogó en nueve ocasiones (febrero 1998-febrero 1999). En ocasiones como la Masacre del Aro (Ituango, oct.25-97) suboficiales y oficiales del Ejército participaron en directo en la masacre, al lado de los ‘paras’, y un helicóptero del Batallón Girardot apoyó con munición y medicinas.

10.a- Afirma también que el Ejército los dotaba de carnés de Convivir, especie de contraseña para pasar con armas, sin obstáculos, por los retenes.

10.b- Relató que en su entrenamiento en la hacienda Las Tangas (Valencia, Córd., 1994), de la familia de Castaño, la “prueba de coraje” era desmembrar una persona. Cada 15 días llevaban a la hacienda ocho personas para descuartizarlas.

10.c- Tenían trato con el Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII. Los ‘paras’ capturaban supuestos ‘guerrilleros’ y los entregaban al Ejército, que les pagaba con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997 entregaron ocho ‘guerrilleros’ y recibieron a cambio una ametralladora M-60, seis fusiles AK-47 y granadas. En los contactos comandante-comandante circulaban listas de gente para matar.

11. El ‘para’ Carlos Alberto Bonilla Gutiérrez se entregó (abril 19-2000 ante el CTI de Medellín. Entre los operativos que relata, en que participó, están la toma de Riosucio (diciembre 20-96), y de Vigía del Fuerte y Bellavista (mayo 22-97). Según su testimonio:

11.a- Esta toma fue coordinada por el coronel Coronado del Ejército, con entrada primero de los ‘paras’ que se enmontarían al llegar el Ejército. En enfrentamiento con un destacamento guerrillero murieron 57 miembros, y el coronel Coronado sólo reportó 15 ó 20, para entregar a los ‘paras’ las demás armas incautadas.

11.b- En la toma de Vigía, la Policía no los reconoció inicialmente y los recibió a fuego, pues los confundió con guerrilleros; luego dio disculpas y los acogió entusiasta. Allí, el testigo conoció en directo al ‘para’ “Mochacabezas”, que llevaba motosierra para decapitar a sus víctimas. En ocasiones obligaba a los capturados a sacar una ficha, para probar suerte entre tres opciones de muerte: descuartizamiento, fusilamiento, degollación. El testigo fue asesinado en Medellín.

12. Un acomodado ganadero que visitó (1995) corregimientos de Unguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, denuncia que en sus correrías por la zona encontró varias veces un frente de las farc cuyo comandante era “Víctor” y su segundo comandante “Vicente”. Luego se enteró de que “Vicente” desertó y vivía en un batallón de la zona, donde dos comerciantes de Balboa, cercanos del testigo, retenidos por el Ejército, lo vieron uniformado de militar.
El testigo afirma que:

12.a- Después del 15 de octubre de 1995, la zona fue invadida por ‘paras’ de “Vicente” que se movilizaban con el Ejército. Mientras él esperaba una embarcación en Titumate, como el 16 de octubre de 1995, en la barcaza Amerindia, del acaudalado terrateniente y narcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento de ‘paras’ (comandado por “Vicente”, a quien reconoció) acompañado por un contingente militar.

12.b- Comenzó un período de represión brutal en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía y Riosucio, que llevó a éxodos masivos.

12.c- El asesinato brutal de un comerciante de Balboa, a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidades que él no se atreve a describir, y la muerte también brutal de un pobre hombre que sacaba arena del río, hechos perpetrados por el grupo de “Vicente”, siempre acompañado por unidades militares.

12.d- Del Río no entregó a “Vicente” a las autoridades competentes “en acatamiento a las leyes de la Constitución que el señor General debió haber jurado defender”, sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la Brigada, para respaldo del accionar del ejército.

13. Los casos de la Hacienda Guacharacas, de propiedad del presidente Uribe (ver preguntas y respuestas).

14. La impunidad en estos crímenes encuentra blindaje en las medidas de seguridad con que se protegen los victimarios. El 18 de octubre de 2000, una investigadora judicial, cumpliendo un despacho comisorio emanado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, practicó una inspección en la Dirección de Inteligencia del Ejército, para establecer los números de celulares asignados al comandante y al subcomandante de la Brigada XVII en esos años. La respuesta dada por la señora Nelly Corzo Ribero, Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia fue: “Tal información no se encuentra disponible por cuanto los números de los celulares se mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta del todo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados [...] más, habida cuenta del tiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad han sido archivadas y en oportunidades incineradas”.

14.a- En la investigación del secuestro y asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas (1998), cuando el general Del Río era Comandante de la Brigada XIII en Bogotá, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspección en la empresa Meltec, S.A., de telefonía celular, comprobaron que tres números involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a celulares asignados a Del Río, representante legal de la Brigada XIII.

15. Otro recurso de impunidad son las comunicaciones radiales. La ejecución de muchos crímenes, como lo denunciaron algunos soldados, fue coordinada por esos medios. Cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad radial, el mayor Emiro José Barrios Jiménez, en su declaración ante la Procuraduría General de la Nación (junio 22-2000), afirmó: “La Brigada XVII contaba con radios de comunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz [...]. Complementariamente a la seguridad que se obtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con un documento secreto llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento de carácter secreto para desorientar al enemigo”, que se usa al tiempo, como ocurrió, para encriptar procesos de ejecución de crímenes y blindarlos ante una investigación judicial.

El G. (r) Rito Alejo Del Río, en versión libre del 26 de agosto de 1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: “En 1983 llegué al país procedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí, donde me desempeñé como Oficial de Operaciones en la Fuerza Multinacional de Paz; era Mayor”.

Por su parte, el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil –que dispuso unas bases principales en las haciendas La Veinticuatro y La Cincuenta y Dos en Necoclí, y La Treinta y Cinco como base central en San Pedro de Urabá, que eran visitadas por el Ejército y la Policía– en la página 107 del libro "Mi confesión" afirma que a sus 18 años estuvo en Israel en 1983 donde tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del batallón Colombia, en el desierto del Sinaí… en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos oficiales y sargentos.

En otro aparte del texto “Elementos probatorios…” se lee que 12 años después de dejar su uniforme, ya como un trabajador del agro –un ex suboficial del Ejército, que ya había denunciado ante la justicia los comportamientos criminales del general Del Río que motivaron a que el testigo abandonara el Ejército– volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas.

Según su testimonio (sept. 27-28-2000), “en la semana de septiembre 10-16-2000, en declaración juramentada ante la Unidad Especializada de Fiscalías de Medellín, a la Hacienda La Veinticuatro, de la vereda de Puerto Tulape-La Laja, de Necoclí (Ant.), llegó el ex general Del Río a reunirse con Carlos Castaño y otros jefes como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos Carlos Arturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros jefes ‘paras’ del Magdalena Medio y Cesar. Cuatro días después, un grupo ‘para’ de cerca de 60 hombres de “Cobra” y alias “Salado”, salían de esa hacienda hacia una finca de Tierralta (Córd.) donde masacraron un elevado número de campesinos, señalados por un ‘informante’ como “simpatizantes de la guerrilla”. Tres de las víctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los ‘paras’ en su regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas; luego, sepultadas en una montaña de la finca, donde, según dice, “están sepultadas muchas otras víctimas”.

Omar Roberto Rodríguez: ¿Qué puede decirnos usted, estimado sacerdote, de la Hacienda Guacharacas, propiedad del entonces gobernador de Antioquia –y hoy Presidente– Álvaro Uribe Vélez; en relación con actividades delictuosas del ex general Rito Alejo?
Sacerdote Jesuita Javier Giraldo: El 2 de mayo de 2000 en la Cárcel de Bellavista de Medellín, fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos interrogaron a un pequeño empresario que trabajó con dragas en las zonas mineras del nordeste de Antioquia.

O.R.R.: ¿Y qué reveló ese testigo?
Sac. J.G.: Que en 1995, cuando logró ubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre los corregimientos de Cristales y San José del Nus, de San Roque (Ant.), John Jairo, alias “Filo”, jefe paramilitar de la zona con sede en Cristales pero que departía con la Policía de San José del Nus, lo encañonó para matarlo porque pagaba cuotas que exigía la guerrilla y terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos. Meses después, cuando el testigo se vio en crisis económica por la baja rentabilidad del trabajo minero, “Filo” lo recomendó para que le permitieran trabajar en la hacienda Guacharacas, propiedad del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, administrada por su primo el señor Luis Villegas Uribe.

O.R.R.: ¿Le permitieron trabajar?
Sac. J.G.: Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda Guacharacas, que, según su testimonio, en la zona dominaban estructuras ‘paras’ con apoyo de todas las autoridades y los hacendados de la región. Don Luis Villegas Uribe, administrador de la hacienda, recomendó al testigo que pagara la cuota mensual a los ‘paras’ y él mismo se ofreció de intermediario. Luego llegó otro jefe paramilitar, alias “Beto”, quien se instaló con 40 ‘paras’ más en Guacharacas.

O.R.R.: ¿Y el testigo pudo percatarse de algún otro movimiento?
Sac. J.G.: Declaró que de allí salían de noche a matar gente. Que con ellos se movilizaba un militar siempre acompañado por un señor Fernando, de Cisneros, alias “El Cojo”. Es más, en una ocasión le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir a matar a un comerciante del corregimiento El Rubí, de de Yolombó, acusado de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta, al comerciante lo asesinaron un sábado cerca de la medianoche.

O.R.R.: ¿Entonces, la actividad ‘para’ era notoria en la hacienda del Presidente?
Sac. J.G.:El testigo afirma que “Filo” gritaba en las reuniones públicas que él había matado en tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas las autoridades “y no nos hacen nada porque somos los mismos”. Cuando el testigo le preguntó a “Beto” quién le enviaba las armas, él respondió que Del Río, “que es un duro del Ejército”.

O.R.R.: ¿Y qué hacía el primo del Presidente?
Sac. J.G.: Con fecha septiembre 24-2003 (numeral 4.4.), un Informe de Inteligencia del B-2 de la XIV Brigada contiene que Luis Villegas suministraba apoyos en dinero e información (al Bloque Central Bolívar, de las auc) sobre el Bloque Metro paramilitar, porque Villegas fue de ellos.

O.R.R.: ¿Dice algo más ese informe de inteligencia del B-2?
Sac. J.G.: Afirma que en la semana anterior a septiembre 24-2003 hubo una reunión en la finca de Luis Villegas entre alias “Comando 90” y alias “Calimán” con un capitán del Ejército a quien le dieron 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, pues, según el Capitán, no había problema, pues él era el encargado ahí.

O.R.R.: ¿Y cometieron acciones, delitos?
Sac. J.G.:El Bloque Central Bolívar, en coordinación con el Capitán, recuperó seis vehículos campero y montero del ‘bloque Metro’ que utilizaron para desplazar personal al área de San Roque. El domingo 21 de septiembre, estando en El Vesubio, San Roque, el mismo Capitán informó a alias “Comando 90” que iban para allá y que se fueran, que él les avisaba cuándo sacaban la tropa.

O.R.R.: ¿Villegas Uribe fue requerido por la Fiscalía?
Sac. J.G.: Un registro de prensa divulgado vía internet (nov. 23-2004), denunció el asesinato del “ganadero Luis Villegas Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez”, por dos pistoleros en un comercio de su propiedad en San Roque. La fuente era el párroco de San Roque, Édgar Rivera.

O.R.R.: ¿Declaró algo más el empresario minero?
Sac. J.G.:Dijo que durante su permanencia en la hacienda Guacharacas, un día apareció Ramiro Cevallos, a quien acusaban de participar en un ataque a la hacienda; él pedía que lo escucharan y lo dejaran trabajar, pues estaba en la miseria. Cuando el testigo intercedió para que lo oyeran, el líder ‘para’ “Beto” respondió que había que “llevárselo al ‘patrón’”, Álvaro Uribe, para que él decidiera.

O.R.R.: ¿Y qué pasó?
Sac. J.G.: Dos días después, un lunes, los ‘paras’ buscaron a Ramiro y su hermano, para “llevarlo ante el ‘patrón’”, sin que se hubiera vuelto a tener noticia de sus paraderos...

O.R.R.: Ojalá su síntesis “Elementos probatorios” convoque a sectores dignos de la justicia a develar estos vericuetos de impunidad. ¿Desde cuándo delinquía Del Río?
Sac. J.G.: Desde 1982, el oficial Del Río le quitaba horas de sueño al ministro de Defensa general Fernando Landazábal (†), aún en su condición de general de derecha –salió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar la estructura ‘para’ denominada MAS (Muerte A Secuestradores).

O.R.R.: ¿Por qué dice usted que desde 1982?
Sac. J.G.:Porque así lo relató el General a un Mayor del Ejército hoy retirado, quien la narró ante organismos de derechos humanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales. Del Río aprovechó su estadía en Israel (1982-83), donde coincidió con Carlos Castaño, luego líder nacional de los ‘paras’, para conseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar.

O.R.R.: ¿Y qué hizo el general Landazábal?
Sac. J.G.: El entonces Mindefensa se enteró del asunto por fuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su confianza, y además ex militar, para investigar. El periodista Ovidio “Peter” Charria comprobó todo en el terreno y le informó por teléfono a Landazábal que estaba preparado un avión (Hércules 1003 de la FAC) cargado con armas, que aterrizaría en Bogotá el 18 de octubre de 1982. El Ministro preparó un operativo en el aeropuerto de Catam para recibirlo con inspección minuciosa. Pero… el 17, el avión cayó al mar, a 280 kilómetros de Nueva Jersey, por el sobrepeso, pereciendo allí periodista Charria.

O.R.R.: ¿No perecieron todos los ocupantes?
Sac. J.G.: De los 13 ocupantes, casi todos militares de la Fuerza Aérea, excepto el periodista y un Capitán del Ejército, se salvaron ocho, rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, a quien le extrañó ver que los ocupantes “perdían tiempo” –según él, “arrojando la carga”, ya que sólo tenían gasolina para 10 minutos y podían amarizar sin riesgo. (Continuará).



Tomado de Revista Semana

Petro dice que en finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, los ‘paras’ asesinaron campesinos


Por Andrea Peña

El senador Gustavo Petro durante el debate de este martes en el Congreso de la República.


DEBATE

El senador del Polo Democrático Alternativo, PDA, aseguró además que el Jefe del Estado les autorizó varias Convivir a los paramilitares. Tras exponer su punto de vista sobre el fenómeno para en Antioquia dijo que Colombia necesita un gran ‘Acuerdo Nacional por la Verdad’. El Gobierno Nacional respondió que las afirmaciones de Gustavo Petro son una “verdadera vulgaridad”, “son calumniosas” e “irrespetuosas”

Martes 17 Abril 2007

Y por fin se cumplió uno de los debates más esperados de los últimos tiempos en el Congreso de la República: el del paramilitarismo en el departamento de Antioquia, convocado por el senador del Polo Democrático Alternativo, PDA, Gustavo Petro. De contraparte principal actuó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien descalificó la argumentación del congresista y desestimó sus propuestas hacia el futuro.

Esto porque durante una larga exposición –más de dos horas y media-, Petro detalló los vínculos de varios sectores del Estado con los paramilitares, narró episodios de los años del horror en el departamento, reveló varios nombres de alianzas entre ilegales y miembros de la Fuerza Pública, mostró fotos comprometedoras y temerarios testimonios, todo para indicar, al final, que esta historia de sangre no puede volver a repetirse nunca jamás. Por lo que propuso un gran Acuerdo Nacional por la Verdad. Este básicamente pasa por otorgar beneficios generales para colaboradores con grupos paramilitares, que Colombia acepte que el proceso de paz con las AUC fracasó y un perdón de las víctimas hacia sus victimarios. De lo contrario, según su argumentación teórica, nos vamos a seguir matando.

El inicio del debate

Petro inició el debate con la presentación de un vídeo en el que varios congresistas en el reciente pasado desestimaron sus investigaciones, pero que hoy están detenidos por la llamada parapolítica. Entre estas grabaciones están los reclamos en su contra de Álvaro García y Álvaro Araújo, que le hicieron en este mismo recinto; y uno más del presidente Uribe que lo señala de “terrorista” vestido de civil.

De inmediato, mostró unas fotos de la campaña de Álvaro Uribe a la Presidencia en la que el actual Jefe del Estado aparecía en actos públicos y mítines políticos con varios de los congresistas, hoy tras las rejas.

Después inició su exposición. El congresista llegó armado de datos sobre investigaciones y denuncias que comprometen a altos mandos policiales, militares, dirigentes de equipos deportivos y, en algunos casos, al Presidente de la República. Según dice, el proceso de paz con las AUC fracasó y por tal razón propuso un Acuerdo Nacional por la Verdad en el que se puedan integrar todas las personalidades que ayudaron a crear los grupos paramilitares. “Menos cárcel a cambio de la verdad plena”, dijo.

Ante un Congreso repleto de curiosos, asesores, periodistas y estudiantes, el senador pidió a la sociedad colombiana que aceptara el fracaso de este proceso con el gobierno del presidente Uribe y que, a partir de ahí, se crearan constituciones locales con el fin de regenerar verdaderamente las zonas donde hubo desmovilizaciones, “todo para frenar la cadena de retaliaciones que hace mafioso tras mafioso”.

El anunciado debate sobre cómo nació la parapolítica en Antioquia fue subiendo de tono a medida que Petro hablaba sobre los colaboradores que, por ejemplo, impulsaron grupos como las Convivir -que en su momento estaban autorizadas por la Ley-. Primero hizo referencia al gobernador de Antioquia a finales de los 90, el hoy presidente Uribe, quien dio vía libre a Salvatore Mancuso, Ignacio Roldán (alias ‘Monoleche’, acusado de matar a Carlos Castaño), José 'Chepe' Barrera, 'Julián Bolívar' y al hijo de Enilse López, alias ‘La Gata’, para guiar estas organizaciones que más adelante se convirtieron en autodefensas.

Luego afirmó que en la finca Las Guacharacas, antigua propiedad de la familia del Presidente, llegó la Convivir Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar de la zona. Según el senador, en esa finca los paramilitares ejecutaron asesinatos de varios campesinos.

El congresista respaldó su temeraria acusación en testimonios recogidos por las autoridades. Aseguró que esta finca fue usada como base por los paramilitares.

Otra acusación que trascendió en el debate fue contra el Alto Consejero, Fabio Valencia Cossio, de quien aseguró había solicitado la ayuda de Ramón Isaza (ex comandante de las autodefensas del Magdalena Medio) con ‘sus concejales’ para la convención conservadora de 1995. Ante el señalamiento, un comunicado que apareció en la página web de la Casa de Nariño aclara esta información. “De inmediato puse en conocimiento de esto a la Fiscalía General de la Nación para que averiguara sobre la veracidad de la carta y el origen de su difusión y acerca del contenido de la misma (...) igualmente, declararon las personas mencionadas en la carta presuntamente firmada por el señor Isaza, desvirtuando bajo juramento las afirmaciones contenidas en la misma”.

Contra el hermano del Presidente


Enseguida cuestionó y mostró una foto en la que aparece Santiago Uribe Vélez, hermano del Primer Mandatario, con Fabio Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín. Según Petro, la foto es de 1985, un año después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y cuando ya los Ochoa eran buscados por sus actividades mafiosas.

Entonces el congresista del PDA señaló igualmente que en la finca La Carolina, también de propiedad de la familia del Presidente, los paramilitares tuvieron su base para cometer sus acciones.

Luego dijo que el paramilitarismo se expandió por todo el país. En este camino, según Petro, los paramilitares –tomados de la mano de la mafia- asesinaron, según el congresista, a centenares de decenas de miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán. Y que en su espiral de violencia, terminaron derribando el avión de Avianca y colocándole un carro bomba al DAS.

Mientras los ministros del Interior, Carlos Holguín; de Defensa, Juan Manuel Santos; y de Transporte, Andrés Uriel Gallego lo escuchaban en el recinto del Capitolio, el senador de izquierda habló sobre un informe de inteligencia que tenía información sobre el computador de alias ‘Jacinto’, miembro del estado mayor de las AUC que guardaba datos sobre los paramilitares en el 98.

En el aparato se detallaban los movimientos de un Nuevo Cartel de Medellín que al parecer se reunió “en años recientes” con una pasada cúpula de la Fiscalía, investigación que Luis Camilo Osorio, Fiscal General hasta 2004, dio por cerrada sin aparente razón. “Esta nueva organización la integraban Gustavo Adolfo Upegui, presidente del equipo de Fútbol Envigado F. C. (…); Ricardo Londoño, socio del Deportivo Independiente Medellín y Hugo Albeiro, de quien decían tenía mucho poder en la organización”, dijo Petro. Se cree que este movimiento patrocinó grupos de los ‘paras’ de Bello y penetró la administración de dicho municipio.

El caso del general


Durante la jornada, el congresista recordó los nombres de algunos oficiales del Ejército y la Policía como el general Rito Alejo del Río y el coronel Mauricio Alfonso Santoyo que resultaron involucrados con las autodefensas, pero reveló otros que hasta el momento se desconocían. Aseguró que el general Daniel Castiblanco, actual comandante de la Policía, estaba comprometido con el crecimiento de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, así como el coronel Gabriel Ramón Díaz. Y que el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega (investigado en el caso del Palacio de Justicia) dejaba que sus fuerzas de caballería estuvieran en las fincas de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, en ese entonces uno de los hombres más sanguinarios del Cartel de Medellín. Por último hizo referencia a una “bolsa común” que al parecer tenía el Ejército, grupos narcotraficantes y las AUC, y que era pagada por el ex jefe paramilitar, Carlos Castaño Gil.

“En todos estos casos la justicia ha sido manipulada, igual que en Norte de Santander”, señaló Petro antes de terminar su ponencia cuando se preguntó si los buses en los que se transportaron los habitantes de la Comuna 13 para hacerle un homenaje hace tres semanas al comandante del Ejército, general Mario Montoya, no serían los mismos de Hugo Albeiro, el del Nuevo Cartel de Medellín.

Respuesta del Ministro


Tras las acusaciones de Petro, el ministro del Interior, respondió los señalamientos de dirigente del PDA. Lo primero que hizo Holguín, fue tratar de desacreditar la investigación que hizo el legislador señalando que “se basó en expedientes que no han sido fallados por la justicia y que, además, no hace referencia a fechas específicas”.

Y sobre la cantidad de documentos que presentó Petro durante su presentación, Holguín manifestó que se sentía débil. “Mi condición de inferioridad se da porque a Petro le comen cuento en todas partes. En la Fiscalía, la Procuraduría y hasta en los medios de comunicación”.

Tras decir eso, se fue lanza en ristre contra las guerrillas y las señaló de ser las culpables de la violencia en el país. “Quienes enseñaron la teoría del ‘con tal de qué...’ de que habla el Senador eran aquellos que combinaban diferentes formas de lucha, movilizaban a jóvenes y profesores para envenenarlos en una lucha”.

Según sus comentarios, en ese panorama se gestó la filosofía y política del actual presidente, Álvaro Uribe. “No fue desde 1995, como lo señala el Senador, sino desde mucho antes”. Para Holguín, la virtud del Presidente es la de tomar las banderas desde la institución para frenar la violencia.

A renglón seguido, Holguín volvió a arremeter contra la guerrilla. Y en una clara alusión a Petro que fue militante del M-19, atacó a este movimiento armado ilegal. Así, sacó una foto en la que se veían miembros de las Farc y el M-19 en el Magdalena Medio, donde, según las versiones, se inició el paramilitarismo a comienzos de la década de los 80.

“¿Qué hacía el M-19 reunido allí con las Farc, que era el grupo que se estaba disputando el territorio con los paramilitares?”, cuestionó Holguín. “Para aquella época, en 1982, el M-19 estaba en contra del narcotráfico. Apenas tres años más tarde, en 1985, estaba a su favor, cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia”. Después, ocurre el asesinato de Luis Carlos Galán.

“¿Con qué cara vienen a hablar de verdad y justicia, cuando se indultó a William Carvajalino, señalado de ser coautor de secuestro extorsivo y hurto y que su condena sería de ocho años de prisión?”, cuestionó Holguín en su discurso.

“Aún así, la oposición repudió la Ley de Justicia y Paz y exige que con los desmovilizados paramilitares se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo el Ministro, respecto a la propuesta que hizo Petro. Al final, desestimó la propuesta del senador de convocar a un gran Acuerdo Nacional por la Verdad.

Por su parte, el general Castiblanco dijo en una improvisada rueda de prensa que mientras fue comandante de distrito en Puerto Boyacá, cuando tenía el grado de mayor de la Policía en 1991, jamás se reunió con Pablo Escobar ni con Gacha, como lo dice Petro. “Gacha murió el 15 de diciembre en 1989, así que no me pude haber reunido con él en el 91 como dice el senador, y Escobar ingresó en la Catedral en el 91 y se fugó después, o sea que tampoco pude haberme visto con él en ese entonces”, respondió el oficial.


Dura reacción del Gobierno


En la noche de este martes, el consejero presidencial José Obdulio Gaviria reaccionó indignado ante lo afirmado por Petro. “Su condición de senador no le da derecho a irrespetar así a la país, a la democracia y a los colombianos”, sentenció en diálogo con Semana.com. El consejero del Jefe del Estado dijo que todos los ciudadanos deberían recordar que en la finca ‘Las Guacharacas’ fue otro grupo terrorista (las Farc) las que cometieron terribles asesinatos en contra de la familia del Presidente, entre ellos su padre, Alberto Uribe. “La finca fue quemada, destruida y convertida en un campo de sangre por esos terroristas. Nadie entiende por qué ahora Petro viene con esa historia. El único asesinato judicializado fue el del señor Uribe ”.

Y sobre la finca ‘La Carolina’, Gaviria dijo que esta era de propiedad de ilustres y honestos ciudadanos antioqueños. Por lo que, dijo, con su afirmación Petro ha manchado el honor de unas personas ejemplares.

Sobre el debate en general, Gaviria dijo que “nunca antes había visto un debate tan deshilvanado, calumnioso y en la que se irrespetó a la justicia, a la gente, a los colombianos, y hasta el propio presidente Uribe de una manera abusiva”.

Para el asesor del Presidente Uribe, lo dicho por Gustavo Petro es una “verdadera vulgaridad”, sus afirmaciones “son calumniosas” e “irrespetuosas”. Sobre la foto del hermano del presidente con uno de los Ochoa, Gaviria señaló que era “infortunada”. Pero, sentenció, por ningún motivo tenía que hacerle daño al Jefe del Estado pues al fin y al cabo su hermano jamás ha hecho política.